Con fotos, videos, y en la misma Plaza Independencia de Concepción, los dirigentes mapuche -pehuenche denunciaron una nueva irregularidad en la Central Hidroeléctrica Ralco.

La presidenta de la comunidad Aukin Wallmapu, María Curiao, afirmó que tienen miedo a que, debido a esta fisura que data del terremoto del 2010, en algún momento, la represa colapse, inundando las zonas aledañas, pero además, dañando todas las comunidades que colindan  con el río Bío-Bío, es decir, Chahualque y Concepción. Además, indicó que han denunciado esto a las autoridades y nadie los ha escuchado.

“Si hubiese sido una filtración pequeña no es tanto, pero son fisuras tremendas. Eso es lo peligroso y por esa razón yo decidí hacerlo público. Antes lo había denunciado y no me creyeron. Lo denuncié al alcalde de Santa Bárbara que fue a visitar el lugar, pero me dijeron que no era nada y que no había que alarmarse. Aquí hay responsabilidades del gobierno como parte fiscalizadora”, afirmó la vocera.

En tanto desde Endesa, responsable del proyecto, aseguraron que la situación de estas centrales hidroeléctricas es totalmente normal.

Pero ese no es el único conflicto de las comunidades con la empresa. Aún sigue pendiente el acuerdo por las compensaciones que ENDESA debió entregar, después de que el 2004 se estipularan las condiciones para la aprobación de la central hidroeléctrica.

Esto significó que se inundaran tres mil 500 hectáreas, ancestralmente habitadas por los pehuenche, y obligó a la relocalización de alrededor de 500 integrantes de sus comunidades, entre otros acuerdos. De estos, existen quejas por la falta de agua en predios asignados, el atraso en la entrega de viviendas y a que el proceso se realizara a través de la entrega de subsidios por parte del Servicio de Vivienda y Urbanización Región Metropolitana (Serviu).

Y frente al incumplimiento de este convenio los comuneros presentaron un documento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), la que hizo un llamado al gobierno chileno a apurar el cumplimiento. Sin embargo, el vocero de las familias afectadas, Eduardo Cáceres Quintreman, criticó la lentitud de las autoridades.

“Ha sido muy lento. El Gobierno no se ha movido para nada. Nosotros todavía seguimos esperando las conversaciones porque todavía creemos en el diálogo que siempre se ha propiciado. Conversando se podrían solucionar los temas y nosotros de la buena fe hemos querido esperar a eso. Va a llegar el momento en que todo termina y se nos acabará la paciencia”, dijo Quintreman.

El dirigente indicó que han tenido la mejor de las disposiciones, pero que día a día la actitud de la empresa y la indiferencia del Estado les están demostrando que “no se puede confiar”.