La semana pasada, el gerente de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, por segunda vez en los últimos meses, apareció en la prensa pidiendo que se cambiaran las normativas, especialmente de la altura permitida para la construcción en aquellas comunas por donde pasaran las nuevas líneas de metro.

La razón que se esgrime es que una mayor cantidad de gente podría vivir en torno a las nuevas líneas de metro. En términos simples y resumidos, se trata de cambiar la normativa para construir edificios más altos y aumentar de esta manera el negocio inmobiliario.

Sabido es que han sido las industrias inmobiliarias y de la construcción las que, en estos últimos 30 años, casi sin contrapeso, han definido y modelado la construcción de las ciudades chilenas. Por lo tanto, los graves problemas de segregación, de contaminación, de congestión, de pérdida de patrimonio, y de expulsión de pobres a la periferia que afectan a nuestras ciudades, se explican por la acción implacable del lucro inmobiliario. Obviamente que, desde la perspectiva de las empresas involucradas, este fenómeno es de toda lógica. Pero, la lógica de la ciudad es mucho más amplia.

Frente a esta acción eficiente y “arrasadora” del sector inmobiliario, ha habido una acción pusilánime, temerosa, cuando no corrupta de las autoridades de distinto nivel y la ausencia casi total de la participación ciudadana.

No obstante lo anterior, detrás de la petición de la Cámara Chilena de la Construcción hay un argumento razonable: permitir que un mayor número de santiaguinos habiten en torno a las líneas del metro, lo cual podría contribuir a una mayor densificación de la ciudad, al reforzamiento de algunos barrios, evitar el uso indiscriminado e impune del automóvil, etc.

Creo que esta podría ser una gran oportunidad para que las autoridades comunales, recién electas, de las comunas de Providencia, Ñuñoa, La Reina, San Joaquín, San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, Santiago, Independencia, Conchalí y Huechuraba se pusieran de acuerdo y se convirtieran en un interlocutor fuerte y coherente para dialogar con el Metro, con los ministerios involucrados y, sobre todo, con el sector inmobiliario. Podrían de esta manera, los municipios,  convertirse en un actor en la construcción de la ciudad, papel respecto al cual, hasta el momento, han renunciado patéticamente.

A cambio de un mayor negocio inmobiliario se podría lograr que un porcentaje de las nuevas construcciones sean viviendas sociales, de tal manera de retener pobres y promover la mezcla social; que se haga un gran acuerdo para defender el patrimonio; que los nuevos edificios sean para grupos familiares (departamentos grandes) y de mejor calidad arquitectónica; que se restrinja la construcción de estacionamientos, de tal manera de fomentar el uso del transporte público y disminuir la congestión; y que se fomente la dotación de áreas verdes y espacios públicos de calidad.

Para ello se debería formar mesa cuatripartita (sector inmobiliario, los municipios, los ministerios y la población organizada). En definitiva, esta podría ser la oportunidad para  que las autoridades públicas retomen el control en la planificación y construcción de la ciudad, prerrogativa a la que, en aras del mercado, renunciaron hace muchos años.