El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) solicitó que frente al descubrimiento de una red de explotación sexual de menores de edad en el país, la acción de la Justicia se centre en la protección de las niñas y adolescentes involucradas, así como en la sanción de todos los responsables.

“Lo más importante es proteger a las niñas y adolescentes que han sido víctimas de estos graves delitos. El abuso sexual es un delito y debe ser sancionado con las máximas sanciones que contempla la Ley”, sostuvo el organismo internacional.

Asimismo, Unicef manifestó que este tipo de denuncias hacen visible la necesidad de perfeccionar la legislación vigente en el país  y contar con una Ley de Protección Integral de la Infancia, que prohíba expresamente toda forma de violencia y maltrato –entre las que se encuentra toda acción de significación sexual-, y que provea mecanismos efectivos de prevención, respuesta y erradicación de conductas u omisiones de esta naturaleza: “Una iniciativa legal de este tipo fortalecerá el trabajo de protección, prevención y reparación que las instituciones públicas y privadas actualmente desarrollan en este ámbito”, señalaron.

En la misma línea, el organismo recalcó que la explotación de menores de edad es un delito que reviste la mayor gravedad, pues vulnera severamente los derechos de los niños y adolescentes, comprometiendo su salud física y mental, normal desarrollo y crecimiento.

Por tanto, Unicef hizo un especial llamado a proteger a las menores que han sido víctimas de estos delitos: “Se debe evitar su revictimización, ya que al ser instadas por los medios de comunicación a repetir una y otra vez las situaciones que les tocó vivir se les obliga a revivir episodios dolorosos y traumáticos. Ellas deben colaborar con la justicia, por los conductos regulares, pero no a través de la prensa”.

Agregó que la comunidad y los organismos del Estado “deben tomar medidas para la prevención de este tipo de delitos y detección temprana, de manera de asegurar la total protección y recuperación social y psicológica de las víctimas”, como el fortalecimiento de políticas sociales y programas específicos, en educación y atención de salud, promoviendo además una cultura de respeto a la dignidad y derechos de todos los niños, niñas y adolescentes.