El 18 de febrero de este año entró en vigencia la Ley 20.575 que, entre otras cosas, establecía el llamado “borronazo” de Dicom a quienes tenían montos impagos por menos de dos millones y medio de pesos. Así, el registro pasó de tener cerca de 4 millones de registrados a totalizar un poco más de  un millón 125 mil.

Sin embargo, nueve meses después, el sistema se acerca peligrosamente a los 2 millones de registrados. En este sentido, surgen diversas críticas, ya que la iniciativa no habría resuelto el problema de fondo, que se relacionaría con  la cultura de consumo que impera en nuestra sociedad.

El impulsor de este proyecto de ley, el diputado PPD Felipe Harboe, indicó que la razón no sólo pasa por los consumidores, sino que se explica también en el funcionamiento de las instituciones financieras.

“Ha aumentado la morosidad en nuestro país, producto de la mala colocación. El retail y, particularmente, la banca está dando créditos de mala calidad, sobreendeudando a la gente. Los créditos se entregan con tasas de interés tan altas, con comisiones adicionales que no se informan, que la gente no puede pagar más allá de la voluntad de pago”, explicó Harboe.

El parlamentario añadió que esta ley no sólo se centra en este “perdonazo”, sino que tiene ventajas tales como que actualmente no existe discriminación en atenciones médicas de urgencia en clínicas u hospitales por estar en Dicom, y que tampoco han existido denuncias de establecimientos que excluyan a alumnos, porque sus padres están registrados en el sistema.

Pero hay quienes señalan que con esta medida el Dicom se ha ido debilitando. Uno de ellos es el ex superintendente de Bancos, Guillermo Ramírez,  quien expresó que al no existir información, los bancos añaden ese factor de riesgo a las tasas, perjudicando a todos los consumidores.

Según el presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu), Stefan Larenas, “el Dicom no necesita más desprestigio del que ya tiene por su mala utilización, por la mala práctica que ocupan los mismos bancos y las entidades crediticias para negar o, simplemente, castigar los créditos. En todas partes existe una base de datos de morosidad, el punto central es la pésima e injusta utilización que se la ha dado al Dicom durante todos estos años”, dijo.

Larenas hizo referencia a episodios como la venta de datos personales que realizó el registro, a lo que se suma la negociación subterránea de la información que la ley obligó a borrar, lo que se seguiría realizando. Asimismo, agregó que la Corte Suprema declaró que estos datos son ilegales cuando se publican deudas que están siendo revisadas en tribunales, entre otras malas prácticas.

Para Jaime Lorenzini, especialista en Derechos del Consumidor de la Universidad de Chile, este problema es mucho más profundo y requiere una respuesta por parte del Estado.

“La epidemia del sobre ndeudamiento exige de parte del Estado un esfuerzo superior, que dice relación con una política seria, objetiva, de largo plazo, de educación financiera. Programas de apoyo permanentes, a través de diversos soportes y herramientas. No basta la existencia de un spot publicitario que haya salido un par de semanas, porque esto no cambia el hábito de consumo de nadie”, explicó Lorenzini.

El abogado afirmó que el tema es multifactorial e insistió en que al esfuerzo de esta ley y a la labor del Sernac Financiero, se debe añadir una visión política continua, que vaya más allá de los gobiernos de turno, y que permita a la ciudadanía comprender y gestionar sus ingresos sin caer en el sobre endeudamiento o la mora.