Continúan las reacciones de molestia ante la aprobación que el Comité de Ministros otorgó al proyecto termoeléctrico Punta Alcalde, en la provincia de Huasco, que inicialmente había sido rechazado por las autoridades ambientales de la región de Atacama.

A las manifestaciones registradas en Freirina se sumaron la Fundación Océana y parlamentarios de oposición, quienes expresaron su rechazo a la medida y presentaron propuestas para reformar la instancia porque, según ellos,  actúa con poca transparencia.

Álex Muñoz, director ejecutivo de Océana, sostuvo que la decisión representa un espaldarazo por parte del Gobierno para los actores privados: “La influencia del sector minero y eléctrico en la decisión de Punta Alcalde fue determinante. No me cabe duda de que el Gobierno quiso dar una señal de tranquilidad a dichos sectores productivos, pero lamentablemente también dio la espalda a la ciudadanía y a la comunidad de Huasco”, dijo.

“Esta decisión se debió basar en criterios técnicos, por mucho que sean autoridades políticas las que la tomaron, pero no me cabe duda que esto también va a tener que ser revisado por alguna otra instancia, ya sea judicial o administrativa”, advirtió

En ese sentido, Álex Muñoz lamentó que, poco después de su implementación, la institucionalidad ambiental y, particularmente el consejo de ministros, hayan sido superados: “En primer lugar, por el propio Presidente, quien anunció la decisión de aprobar Punta Alcalde en la cena anual del Consejo Minero, una semana antes de que se adoptara. Y en segundo lugar, por la clara disconformidad de la comunidad con la decisión. Eso responde a la falta de credibilidad en la decisión del comité de ministros. Si hubiera sido una buena decisión, bien explicada y fundamentada en argumentos técnicos, la gente estaría más tranquila, pero como hay mucha desconfianza, la gente está protestando y exige una garantía por parte de las instituciones de que su medio ambiente y salud van a ser protegidos”, explicó.

En la misma línea, los diputados Gabriel Silber (DC) y Enrique Accorsi (PPD) señalaron que la decisión sobre Punta Alcalde deja en evidencia que es necesario reformar la institucionalidad.

Los parlamentarios acusaron una “voltereta” del ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien dio su respaldo al proyecto pese a que inicialmente se había mostrado en contra, y anunciaron un proyecto de ley para que la instancia deje de operar en el oscurantismo.

Silber recalcó que “hoy día es una decisión que está casi en el oscurantismo de la Edad Media, nadie sabe cómo votan o por qué votan determinados ministros, cuando su cartera desde el punto de vista sectorial señaló lo contrario. Las audiencias no son de carácter público, no hay grabaciones ni actas completas de este tipo de decisiones. Por eso queremos darle publicidad y transparencia a este tipo de decisiones, para que la comunidad pueda intervenir y estar presente a la hora en que los ministros votan en su condición de autoridades”, señaló.

La Fundación Océana y los legisladores llamaron al Gobierno no solo a revertir la situación, sino a desarrollar un plan para recuperar ambientalmente la provincia de Huasco, afectada también por otros proyectos de impacto ambiental.