El pasado jueves la Superintendencia de Educación Escolar informó que 50 establecimientos a nivel nacional serán sancionados con la revocación de su reconocimiento oficial, debido a graves y recurrentes faltas a la normativa, tales como el no pago de cotizaciones, adulteración de asistencia y problemas de infraestructura, entre otros.

Aunque aún no se da a conocer el detalle de los establecimientos sancionados, la medida, finalmente, redundará en el cierre de estos colegios, pues se termina con la subvención que reciben del Estado y las notas de los alumnos dejan de ser reconocidas por el ministerio.

Según el superintendente del ramo, Manuel Casanueva, “para nosotros no es para nada el objetivo cerrar colegios, sino que nuestros colegios mejoren. Ahora bien, si no son capaces de mejorar, por supuesto, que no vamos a dudar en tomar las sanciones más drásticas, porque si el establecimiento no está cumpliendo con la normativa es un colegio donde probablemente el aprendizaje no se va a dar”, indicó.

Sin embargo, el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, recalcó la importancia de diferenciar el tipo de institución que se supervisa a la hora de establecer sanciones: “En una fiscalización no podemos tratar por igual a una escuela subvencionada particular que a una escuela municipalizada, pues se debe considerar el tema de la pérdida de matrícula por razones de financiamiento de la educación municipal”, sostuvo.

“Si hay un sostenedor particular que no cumple la normativa o que tiene faltas reiteradas, la autoridad tiene que tomar una sanción mayor, pero es necesario hacer la diferenciación con las escuelas municipalizadas”, reiteró Gajardo, quien sostuvo que el Mineduc debe actuar en línea con el recientemente aprobado Fondo de Recuperación de la Educación Pública, en el marco de Ley de Presupuestos 2013.

En esta línea también han manifestado su preocupación los dirigentes del movimiento estudiantil, quienes han llamado a poner atención al cierre de establecimientos municipalizados durante las nuevas administraciones edilicias, en consecuencia a la baja de matrículas que se han registrado, lo que según ellos atenta directamente con la defensa de la Educación Pública.

A juicio del presidente de  la Asociación de Padres y Apoderados, Ismael Calderón, el cierre de colegios también evidencia fallas en el sistema de fiscalización. “¿Cómo el ministerio no se anticipa y llega a medidas tan drásticas como cerrar a un colegio, complicando a familias en las que sus hijos quedan sin matrícula?”, dijo.

“El ministerio también tiene responsabilidad en los hechos, si estuvieran constantemente fiscalizando se podrían evitar los cierres”, denunció Calderón, agregando que la medida deja en jaque a las comunidades educativas que participan al  interior de los establecimientos.

Según el especialista del Observatorio Chileno de Políticas Educacionales (Opech), Juan González, si bien antes de la Superintendencia “el ministerio no tenía ninguna capacidad de fiscalizar a los sostenedores”, pues se sostenía en la figura de supervisores que contaban con precarios recursos, el objetivo del actual organismo solamente “está orientada a la penalización y el establecimiento de un estándar”.

Por lo mismo, González apuntó a que en esta tarea, y en vías de contribuir a la supervisión desde todos los estamentos, “se vayan incorporando las comunidades escolares al proceso de fiscalización, tanto de los recursos como de los contenidos y programas que se están desarrollando en las escuelas, muchos expertos dicen que esa es la clave de la excelencia”.

La preocupación también se traslada a lo que sucederá con el futuro de los estudiantes de los colegios que cerrarán. No obstante, según la Superintendencia, las comunidades ya están siendo informadas, de manera que puedan cerrar con regularidad su año académico y buscar un nuevo establecimiento para el 2013.