El jueves pasado la comisión mixta resolvió los últimos puntos pendientes de la Ley de Pesca y despachó el proyecto a la Cámara de Diputados, para su votación en la sesión que se realizará este martes.
Según señalaron las autoridades, en el proyecto se logró equilibrar los puntos controversiales entre industriales y artesanales, a través de una serie de métodos que permiten el ingreso de nuevos actores al mercado pesquero y moderando considerablemente temas como licitaciones y entregas de patentes.
Así se habría logrado un acuerdo político que facilitó su aprobación. Este fin de semana, en una entrevista televisiva, el ministro de Economía, Pablo Longueira, explicó que “la conflictividad que tenemos en este sector es que cada vez quedan menos peces. Por lo tanto, la autoridad política se retira de las decisiones y se crean once comités científicos técnicos, que nos van a decir el estado de las pesquerías y cuánto se debe pescar. Es un cambio histórico y el tiempo va a demostrar que es la ley que Chile necesitaba. Me alegra el nivel de consenso”.
Pese a esto, los dirigentes de la pesca artesanal de la región de Los Lagos anunciaron que presentarán recursos ante el Tribunal Constitucional para declarar esta ley como anticonstitucional y evitar que sea promulgada por el Presidente.
Además, las comunidades lafkenches insisten en que la reforma a la Ley de Pesca vulnera derechos de los pueblos originarios establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El lonko Eric Vargas Quinchamán se refirió a esto a través de las radios locales y anunció que los pueblos originarios recurrirán a instancias internacionales si no se decreta “inconstitucional” esta legislación: “Como no se aplicó la consulta con los pueblos originarios, se estaría faltando gravemente al artículo quinto de la Constitución, que establece que los tratados internacionales forman parte de las leyes. Hoy podemos ver que eso no se cumplió y es lo que estamos llevando como requerimiento al tribunal, en conjunto con los parlamentarios”, dijo,
Antes de esto, los representantes indígenas deberán agotar todas las instancias a nivel nacional, por lo que van presentar diversos recursos judiciales ante tribunales ordinarios y afirman que llegarán incluso a la Corte Suprema si es necesario.
Con esto, y pese al acuerdo político, esta discutida legislación seguirá siendo cuestionada, hasta que no se resuelvan todas las instancias de discusión con los sectores involucrados.
