Para este lunes 7 de enero están citados a comparecer ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, Juan Miguel Ovalle, presidente de la Asociación de Productores Avícolas de Chile, APA, y los representantes legales de Don Pollo, Ramón Covarrubias; de Agrosuper, Carlos Guzmán y de Ariztía, Ismael Correa.

Esto, en el marco de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía Nacional Económica, en contra de las empresas y su organización gremial. Cerca de 40 altos directivos y ejecutivos comerciales de las firmas productoras ya han declarado.

Algunos testigos han aseverado que, efectivamente, existía un modelo que determinaba la producción, pero que obedecía a una estimación de la demanda.

Respecto de las exportaciones, se reconoció un acuerdo para el mercado europeo, pero relativo a un consenso para repartirse las cuotas de salida de la producción.

Consultadas las tres empresas investigadas y la APA por el desarrollo del caso, optaron por no dar declaraciones.

Por su parte, la Fiscalía Nacional Económica presentará 16 testigos ante el Tribunal, entre los que se cuentan 5 economistas, para corroborar la existencia de un cartel, además de correos electrónicos y dispositivos con archivos, cuyos nombres originales contienen las palabras “secreto”, “censurado” o “por borrar”.

Sobre el avance de la indagatoria, la Fiscalía aseguró que “está en manos del tribunal”, evitando referirse al proceso.

Quien dio algunas luces fue el economista experto en libre competencia Andrés Solimano, quien señaló que los delitos investigados radican en las características del modelo.

“Que hayan tres compañías que dominan el 90% del mercado hace más fácil ponerse de acuerdo respecto a precios, cuotas de mercado, barreras a la competencia y crear una restricción artificial desde la oferta con prácticas no competitivas. El problema fundamental es que hay sectores de la economía con muy pocos productores, situación similar a lo conocido con las cadenas de farmacias”, declaró.

La otra arista del caso, dice relación con la vía judicial, donde se presentó una querella, también hace poco más de un año, por colusión, delito que no es conducente a penas de cárcel.

Algo que debería modificarse, según el diputado DC Gabriel Silber, querellante del caso, quien indicó que “esperamos que las indicaciones al Código Penal den mayor importancia a delitos que por su impacto social tengan una importante pena privativa de libertad”.

Recordemos que la indagatoria comenzó a fines de noviembre de 2011, cuando la Fiscalía denunció a las compañías agrícolas de ejecutar un acuerdo entre competidores, consistente en limitar la producción y asignarse las cuotas para la comercialización de pollo.

Según la Fiscalía, estas firmas determinaron, durante los últimos 15 años, la cantidad de carne avícola que venderían en el país, estableciendo un verdadero cartel, con la complicidad de la Asociación de Productores Avícolas de Chile, APA.