El Tribunal Constitucional acogió el requerimiento presentado por un grupo de 30 diputados de la Alianza, en noviembre del año pasado, y declaró como inconstitucional la prohibición de usar el people meter en línea.

Edmundo Eluchans, redactor del recurso, calificó la disposición como “un buen fallo”, ya que, a su juicio, existía una violación de normas constitucionales.

El parlamentario UDI, aclaró eso sí, que los legisladores que asistieron al TC no están, necesariamente, a favor de este mecanismo de medición de audiencias.

En este sentido, el parlamentario gremialista, “lo que hace el Tribunal Constitucional es restablecer el imperio del derecho en términos de que haya la libertad para usar ese u otros medios, somos treinta los diputados que firmamos el requerimiento, y yo estoy seguro de que no hay unanimidad de criterio para elegir uno u otro mecanismo, lo que sí queremos que haya la libertad para que se puedan utilizar estos medios”.

Por su parte, el senador del PPD Guido Girardi, lamentó el fallo del TC e indicó que “hay que usar un people meter en función del bien común y no para manipular las emociones de las personas, con el fin de aumentar la sintonía”.

En contraste con el diputado de la UDI, el senador de la oposición explicó su desacuerdo con el fallo del TC: “Soy partidario de que exista una televisión inteligente, amable, entretenida, pero creo que muchas veces el people meter en vivo, se usa para hacer cualquier cosa para aumentar la audiencia. Mostrar más crímenes, mostrar más sangre, mostrar más desnudos, yo no tengo problemas con los desnudos, pero no me parece que sea el instrumento para ganar audiencia, solamente”.

De esta manera, la Cámara Alta deberá discutir y votar un nuevo mecanismo de sondeo, entre el people meter y el sistema llamado overnight, que entrega detalles de la audiencia 6 horas después de emitidos los contenidos.

Con esto, continúa el avance del proyecto que busca implementar la televisión digital en Chile, que este miércoles registró un importante paso en el Senado, al aprobarse y despacharse el concepto de “pluralismo”, contenido en el artículo primero del texto, relativo al “buen funcionamiento” del modelo.

Uno de los tantos puntos que podría generar polémica, es el artículo referido a la “retransmisión consentida”, que establece que los canales de televisión por cable le paguen a los de señal abierta.

Esto, a juicio de Claudio Magliona, vocero de la ONG Derechos Digitales, “es ilegal e improcedente”, ya que el costo será absorbido por los propios clientes.

Sumado a esto, y junto con la discusión relativa a los contenidos, el experto mostró especial preocupación por el debate relacionado con la gratuidad o no de la señal abierta.

En esa línea, el vocero de la ONG vinculada con la tecnología digital detalló que “los concesionarios de televisión abierta tienen una pretensión que es poder cobrar por su señal,  por algo que el espectro radioeléctrico de todos los chilenos, por el cual ellos no pagan, porque las concesiones de espectro radioeléctrico se conceden sin que medie un pago como ocurre en otros países. En ese sentido la televisión abierta debe mantenerse gratuita, llegar a todos los chilenos y no convertirse en una televisión de pago”.

Por su parte, Pedro Huichalaf, abogado experto en comunicación, valoró algunos puntos del proyecto, como la regulación de concesiones y el respeto por los derechos de los trabajadores de medios, aunque compartió ciertas críticas relativas a la concentración de las señales y escasa apertura a televisoras comunitarias.