La Corte Suprema de Pakistán señaló que el acuerdo entre Antofagasta Minerals, del grupo Luksic, con Barrick Gold es ilegal, complicando el panorama del proyecto Reko Diq, que pretendía instalar un yacimiento de gran envergadura en la provincia de Balochistán.
El acuerdo firmado en 1993 para explotar una importante veta de oro y cobre incurrió en varias irregularidades que invalidan en origen la licencia, concedida en un comienzo a la empresa BHP y que luego fue adquirida por la empresa de riesgo compartido Tethyan Copper Company.
El texto del Tribunal Supremo de ese país, dice que la primera concesión entre BHP y el Gobierno de Baluchistán porque el terreno concedido era mayor de lo que autoriza la ley, a lo que se sumó que las quejas de las autoridades en contra de la sociedad chileno-canadiense de no hacer uso de la licencia concedida y de causar pérdidas al erario público por impuestos no recaudados.
Esto revela un comportamiento reiterativo en Barrick, que no es primera vez que sostiene conflictos con comunidades o Gobiernos, aunque en este caso, según el director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, Lucio Cuenca, Pakistán actuó como “un país que ejerce soberanía”.
“Es la manera de cómo actúan los países que ejercen soberanía sobre sus recursos estratégicos. Acá no hay nada de qué extrañarse, pero estamos acostumbrados a una realidad donde los derechos de las transnacionales se sobreponen a los derechos de las comunidades y ciudadanía. Acá hay un Estado que ejerce su soberanía y su derecho a decidir sobre el futuro de sus recursos estratégicos”, apuntó.
En Chile, particularmente, la minera canadiense mantiene el conflicto de Pascua Lama, que se suma a sanciones y multas en África, en Europa Oriental, República Dominicana y Perú, entre otros, constituyendo según Cuenca, un largo prontuario de violaciones a los DDHH y desastres ambientales.
El dirigente del OLCA, llamó a poner más atención sobre el actuar de la empresa y condenó el actuar de los Gobiernos chilenos: “Debiera llamar la atención de cómo actúa en nuestro país. El proyecto Pascua lama acumula una cantidad de irregularidades, se comprueba la destrucción de glaciares, pero los gobiernos no han tenido la voluntad política de poner las cosas en su lugar y paralizar este proyecto, todo lo contrario”.
Por otra parte, Julián Alcayaga, del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, celebró la decisión de la Corte pakistaní y los efectos que esta generará.
Alcayaga apuntó que “alegra que en Pakistán la Corte Suprema no entregue el paso al proyecto conjunto con Antofagasta Minerals, por la forma de actuar de la empresa, acá con Pascua Lama. Es importante también, porque eso permite que el precio del cobre a nivel internacional siga manteniéndose alto”.
Al caso del proyecto Reko Diq en Pakistán, y Pascualama en Chile, se suma por ejemplo, cuando el Fondo Soberano de Noruega retiró sus acciones de la trasnacional argumentando razones de ética ambiental, según el Ministerio Noruego de Finanzas.
El gobierno escandinavo, denunció en aquella oportunidad, en el año 2009, son el “daño irreparable” provocado al medio ambiente en Papua Nueva Guinea, donde la mina Portera, del grupo canadiense, vierte directamente en un río sustancias tóxicas.
La Corte Suprema de Pakistán señaló que el acuerdo entre Antofagasta Minerals, del grupo Luksic, con Barrick Gold es ilegal, complicando el panorama del proyecto Reko Diq, que pretendía instalar un yacimiento de gran envergadura en la provincia de Balochistán.
El acuerdo firmado en 1993 para explotar una importante veta de oro y cobre incurrió en varias irregularidades que invalidan en origen la licencia, concedida en un comienzo a la empresa BHP y que luego fue adquirida por la empresa de riesgo compartido Tethyan Copper Company.
El texto del Tribunal Supremo de ese país, dice que la primera concesión entre BHP y el Gobierno de Baluchistán porque el terreno concedido era mayor de lo que autoriza la ley, a lo que se sumó que las quejas de las autoridades en contra de la sociedad chileno-canadiense de no hacer uso de la licencia concedida y de causar pérdidas al erario público por impuestos no recaudados.
Esto revela un comportamiento reiterativo en Barrick, que no es primera vez que sostiene conflictos con comunidades o Gobiernos, aunque en este caso, según el director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, Lucio Cuenca, Pakistán actuó como “un país que ejerce soberanía”.
“Es la manera de cómo actúan los países que ejercen soberanía sobre sus recursos estratégicos. Acá no hay nada de qué extrañarse, pero estamos acostumbrados a una realidad donde los derechos de las transnacionales se sobreponen a los derechos de las comunidades y ciudadanía. Acá hay un Estado que ejerce su soberanía y su derecho a decidir sobre el futuro de sus recursos estratégicos”, apuntó.
En Chile, particularmente, la minera canadiense mantiene el conflicto de Pascua Lama, que se suma a sanciones y multas en África, en Europa Oriental, República Dominicana y Perú, entre otros, constituyendo según Cuenca, un largo prontuario de violaciones a los DDHH y desastres ambientales.
El dirigente del OLCA, llamó a poner más atención sobre el actuar de la empresa y condenó el actuar de los Gobiernos chilenos: “Debiera llamar la atención de cómo actúa en nuestro país. El proyecto Pascua lama acumula una cantidad de irregularidades, se comprueba la destrucción de glaciares, pero los gobiernos no han tenido la voluntad política de poner las cosas en su lugar y paralizar este proyecto, todo lo contrario”.
Por otra parte, Julián Alcayaga, del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, celebró la decisión de la Corte pakistaní y los efectos que esta generará.
Alcayaga apuntó que “alegra que en Pakistán la Corte Suprema no entregue el paso al proyecto conjunto con Antofagasta Minerals, por la forma de actuar de la empresa, acá con Pascua Lama. Es importante también, porque eso permite que el precio del cobre a nivel internacional siga manteniéndose alto”.
Al caso del proyecto Reko Diq en Pakistán, y Pascualama en Chile, se suma por ejemplo, cuando el Fondo Soberano de Noruega retiró sus acciones de la trasnacional argumentando razones de ética ambiental, según el Ministerio Noruego de Finanzas.
El gobierno escandinavo, denunció en aquella oportunidad, en el año 2009, son el “daño irreparable” provocado al medio ambiente en Papua Nueva Guinea, donde la mina Portera, del grupo canadiense, vierte directamente en un río sustancias tóxicas.
La Corte Suprema de Pakistán señaló que el acuerdo entre Antofagasta Minerals, del grupo Luksic, con Barrick Gold es ilegal, complicando el panorama del proyecto Reko Diq, que pretendía instalar un yacimiento de gran envergadura en la provincia de Balochistán.
El acuerdo firmado en 1993 para explotar una importante veta de oro y cobre incurrió en varias irregularidades que invalidan en origen la licencia, concedida en un comienzo a la empresa BHP y que luego fue adquirida por la empresa de riesgo compartido Tethyan Copper Company.
El texto del Tribunal Supremo de ese país, dice que la primera concesión entre BHP y el Gobierno de Baluchistán porque el terreno concedido era mayor de lo que autoriza la ley, a lo que se sumó que las quejas de las autoridades en contra de la sociedad chileno-canadiense de no hacer uso de la licencia concedida y de causar pérdidas al erario público por impuestos no recaudados.
Esto revela un comportamiento reiterativo en Barrick, que no es primera vez que sostiene conflictos con comunidades o Gobiernos, aunque en este caso, según el director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, Lucio Cuenca, Pakistán actuó como “un país que ejerce soberanía”.
“Es la manera de cómo actúan los países que ejercen soberanía sobre sus recursos estratégicos. Acá no hay nada de qué extrañarse, pero estamos acostumbrados a una realidad donde los derechos de las transnacionales se sobreponen a los derechos de las comunidades y ciudadanía. Acá hay un Estado que ejerce su soberanía y su derecho a decidir sobre el futuro de sus recursos estratégicos”, apuntó.
En Chile, particularmente, la minera canadiense mantiene el conflicto de Pascua Lama, que se suma a sanciones y multas en África, en Europa Oriental, República Dominicana y Perú, entre otros, constituyendo según Cuenca, un largo prontuario de violaciones a los DDHH y desastres ambientales.
El dirigente del OLCA, llamó a poner más atención sobre el actuar de la empresa y condenó el actuar de los Gobiernos chilenos: “Debiera llamar la atención de cómo actúa en nuestro país. El proyecto Pascua lama acumula una cantidad de irregularidades, se comprueba la destrucción de glaciares, pero los gobiernos no han tenido la voluntad política de poner las cosas en su lugar y paralizar este proyecto, todo lo contrario”.
Por otra parte, Julián Alcayaga, del Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, celebró la decisión de la Corte pakistaní y los efectos que esta generará.
Alcayaga apuntó que “alegra que en Pakistán la Corte Suprema no entregue el paso al proyecto conjunto con Antofagasta Minerals, por la forma de actuar de la empresa, acá con Pascua Lama. Es importante también, porque eso permite que el precio del cobre a nivel internacional siga manteniéndose alto”.
Al caso del proyecto Reko Diq en Pakistán, y Pascualama en Chile, se suma por ejemplo, cuando el Fondo Soberano de Noruega retiró sus acciones de la trasnacional argumentando razones de ética ambiental, según el Ministerio Noruego de Finanzas.
El gobierno escandinavo, denunció en aquella oportunidad, en el año 2009, son el “daño irreparable” provocado al medio ambiente en Papua Nueva Guinea, donde la mina Portera, del grupo canadiense, vierte directamente en un río sustancias tóxicas.
