El Partido Progresista presentó el texto “Por un cambio de reglas y una nueva Constitución”, el cual propone la reforma a la actual Carta Fundamental redactada en 1980. La exposición abarcó distintos temas a instalar en 2013, tales como recuperar la esfera pública, la disminución de la figura presidencial y apostar por un Chile con un sistema de federalismo atenuado, a modo de entregar mayor autonomía con la consiguiente regionalización.
Distintos actores políticos participaron de la cita, donde el candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez – Ominami, recalcó la necesidad avanzar en temas como voto chileno en el extranjero, Chile multilinguístico, un referendo revocatorio y un plebiscito vinculante financiado por el Estado, además de un Parlamento unicameral con 150 escaños.
“En Chile hablamos de la libertad, del mercado y la empresa, pero poco del Estado, esfera pública y lo colectivo. La crisis en la confianza de los barrios, entre los chilenos, y eso tiene que ver con normas que hay que cambiar. La Concertación no quiso cambiar la Constitución, la derecha la cuida como tesoro, nosotros creemos que hay que cambiarla. Lo que ha pasado con el agua, con la educación, con los barrios, se están transformando en patrimonio de quien puede pagarla, y eso no es aceptable”, declaró.
Alberto Urzúa, encargado de justicia del PRO, determinó la discusión del texto en dos aspectos: la legislación destinada a mantener el status quo y leyes orgánicas constitucionales y con quórum calificado, las cuales son diseñadas con eufemismos, como el derecho de vivir en un lugar libre de contaminación, sin mecanismos para hacer efectivo ese derecho constitucional.
Urzúa apuntó que “en Chile se acabó el margen de las leyes cortas, de los arreglitos. Lo que hemos detectado es que la sociedad está clamando por una redefinición, y eso pasa por revisar las reglas, y la solución no está dentro del sistema, sino afuera de las cuatro esquinas del papel institucional que hoy existe”.
Otro de los expositores fue Alberto Coddeau, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, quien valoró la propuesta de proyecto presidencial, aunque reparó en que una tarea pendiente que deberá ser abordada en el texto, que tiene que ver con derechos sociales respaldados en términos legislativos internacionales, de acuerdo a los compromisos suscritos por Chile que no se están respetando.
Coddeau declaró que “Chile tiene que dar cuenta de una serie de insuficiencias ante la comunidad internacional, ya que la Constitución no fija si prima sobre una ley, si están bajo la Constitución, si tienen igual jerarquía. Otro punto es la huelga y negociación, en varias constituciones está fijado como derecho fundamental, y acá por primera vez que se habla de ella es para prohibirla. La huelga es un organismo válido que permite recuperar un poder social que se ha perdido”.
El texto, elaborado por 17 asesores del Partido Progresista, hablará de tres conceptos: igualdad, justicia y soberanía. Se pretende incluir otros temas en la propuesta que se presentará el próximo 18 de febrero, titulado “Por un Nuevo Chile: Propuestas para un debate ciudadano”, considerado como la parte tangencial del programa del PRO para la campaña de Marco Enríquez-Ominami.
El Partido Progresista presentó el texto “Por un cambio de reglas y una nueva Constitución”, el cual propone la reforma a la actual Carta Fundamental redactada en 1980. La exposición abarcó distintos temas a instalar en 2013, tales como recuperar la esfera pública, la disminución de la figura presidencial y apostar por un Chile con un sistema de federalismo atenuado, a modo de entregar mayor autonomía con la consiguiente regionalización.
Distintos actores políticos participaron de la cita, donde el candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez – Ominami, recalcó la necesidad avanzar en temas como voto chileno en el extranjero, Chile multilinguístico, un referendo revocatorio y un plebiscito vinculante financiado por el Estado, además de un Parlamento unicameral con 150 escaños.
“En Chile hablamos de la libertad, del mercado y la empresa, pero poco del Estado, esfera pública y lo colectivo. La crisis en la confianza de los barrios, entre los chilenos, y eso tiene que ver con normas que hay que cambiar. La Concertación no quiso cambiar la Constitución, la derecha la cuida como tesoro, nosotros creemos que hay que cambiarla. Lo que ha pasado con el agua, con la educación, con los barrios, se están transformando en patrimonio de quien puede pagarla, y eso no es aceptable”, declaró.
Alberto Urzúa, encargado de justicia del PRO, determinó la discusión del texto en dos aspectos: la legislación destinada a mantener el status quo y leyes orgánicas constitucionales y con quórum calificado, las cuales son diseñadas con eufemismos, como el derecho de vivir en un lugar libre de contaminación, sin mecanismos para hacer efectivo ese derecho constitucional.
Urzúa apuntó que “en Chile se acabó el margen de las leyes cortas, de los arreglitos. Lo que hemos detectado es que la sociedad está clamando por una redefinición, y eso pasa por revisar las reglas, y la solución no está dentro del sistema, sino afuera de las cuatro esquinas del papel institucional que hoy existe”.
Otro de los expositores fue Alberto Coddeau, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, quien valoró la propuesta de proyecto presidencial, aunque reparó en que una tarea pendiente que deberá ser abordada en el texto, que tiene que ver con derechos sociales respaldados en términos legislativos internacionales, de acuerdo a los compromisos suscritos por Chile que no se están respetando.
Coddeau declaró que “Chile tiene que dar cuenta de una serie de insuficiencias ante la comunidad internacional, ya que la Constitución no fija si prima sobre una ley, si están bajo la Constitución, si tienen igual jerarquía. Otro punto es la huelga y negociación, en varias constituciones está fijado como derecho fundamental, y acá por primera vez que se habla de ella es para prohibirla. La huelga es un organismo válido que permite recuperar un poder social que se ha perdido”.
El texto, elaborado por 17 asesores del Partido Progresista, hablará de tres conceptos: igualdad, justicia y soberanía. Se pretende incluir otros temas en la propuesta que se presentará el próximo 18 de febrero, titulado “Por un Nuevo Chile: Propuestas para un debate ciudadano”, considerado como la parte tangencial del programa del PRO para la campaña de Marco Enríquez-Ominami.
El Partido Progresista presentó el texto “Por un cambio de reglas y una nueva Constitución”, el cual propone la reforma a la actual Carta Fundamental redactada en 1980. La exposición abarcó distintos temas a instalar en 2013, tales como recuperar la esfera pública, la disminución de la figura presidencial y apostar por un Chile con un sistema de federalismo atenuado, a modo de entregar mayor autonomía con la consiguiente regionalización.
Distintos actores políticos participaron de la cita, donde el candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez – Ominami, recalcó la necesidad avanzar en temas como voto chileno en el extranjero, Chile multilinguístico, un referendo revocatorio y un plebiscito vinculante financiado por el Estado, además de un Parlamento unicameral con 150 escaños.
“En Chile hablamos de la libertad, del mercado y la empresa, pero poco del Estado, esfera pública y lo colectivo. La crisis en la confianza de los barrios, entre los chilenos, y eso tiene que ver con normas que hay que cambiar. La Concertación no quiso cambiar la Constitución, la derecha la cuida como tesoro, nosotros creemos que hay que cambiarla. Lo que ha pasado con el agua, con la educación, con los barrios, se están transformando en patrimonio de quien puede pagarla, y eso no es aceptable”, declaró.
Alberto Urzúa, encargado de justicia del PRO, determinó la discusión del texto en dos aspectos: la legislación destinada a mantener el status quo y leyes orgánicas constitucionales y con quórum calificado, las cuales son diseñadas con eufemismos, como el derecho de vivir en un lugar libre de contaminación, sin mecanismos para hacer efectivo ese derecho constitucional.
Urzúa apuntó que “en Chile se acabó el margen de las leyes cortas, de los arreglitos. Lo que hemos detectado es que la sociedad está clamando por una redefinición, y eso pasa por revisar las reglas, y la solución no está dentro del sistema, sino afuera de las cuatro esquinas del papel institucional que hoy existe”.
Otro de los expositores fue Alberto Coddeau, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, quien valoró la propuesta de proyecto presidencial, aunque reparó en que una tarea pendiente que deberá ser abordada en el texto, que tiene que ver con derechos sociales respaldados en términos legislativos internacionales, de acuerdo a los compromisos suscritos por Chile que no se están respetando.
Coddeau declaró que “Chile tiene que dar cuenta de una serie de insuficiencias ante la comunidad internacional, ya que la Constitución no fija si prima sobre una ley, si están bajo la Constitución, si tienen igual jerarquía. Otro punto es la huelga y negociación, en varias constituciones está fijado como derecho fundamental, y acá por primera vez que se habla de ella es para prohibirla. La huelga es un organismo válido que permite recuperar un poder social que se ha perdido”.
El texto, elaborado por 17 asesores del Partido Progresista, hablará de tres conceptos: igualdad, justicia y soberanía. Se pretende incluir otros temas en la propuesta que se presentará el próximo 18 de febrero, titulado “Por un Nuevo Chile: Propuestas para un debate ciudadano”, considerado como la parte tangencial del programa del PRO para la campaña de Marco Enríquez-Ominami.
