En la última semana de marzo comenzará a funcionar una comisión que analizará y recomendará modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, implementada en 2007.

La instancia estará integrada por los académicos Miguel Cillero y Álvaro Fernández; el rector de la Universidad de Los Andes, Orlando Poblete; el ex Defensor Nacional, Rodrigo Quintana; el especialista de Libertad y Desarrollo, José Francisco García; el consultor de Unicef, Nicolás Espejo; y la directora ejecutiva de Fundación Paz Ciudadana, Javiera Blanco.

El grupo trabajará también con los diputados María Angélica Cristi (UDI), Cristián Monckeberg (RN), Marcelo Díaz (PS) y Jorge Burgos (DC); y los senadores Hernán Larraín (UDI), Jaime Quintana (PPD), Patricio Walker (DC) Y Lily Pérez (RN).

La comisión trabajará a partir de un diagnóstico que realizan desde este mes el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría Penal y el Sename, entre otras instituciones.

El objetivo, según explicó la ministra de Justicia, Patricia Pérez, es que las recomendaciones de la comisión deriven hacia un proyecto de ley de reforma, tal como sucedió con las modificaciones al sistema procesal penal que ya se ingresaron al Parlamento. Esto, justo cuando se tramita también la división del Servicio Nacional de Menores (Sename) en dos entidades distintas.

La secretaria de Estado ha adelantado que la comisión trabajará en torno a tres ejes: coordinación entre jueces, fiscales y funcionarios, capacitación y ajustes normativos a la legislación.

Esto, considerando además que según el Sename, la reincidencia entre los jóvenes varía entre un 29 y un 39 por ciento en un año.

Uno de los invitados a la comisión, el diputado Jorge Burgos, consideró que la instancia permitirá mejorar una ley que se promulgó sin que estuvieran dadas las condiciones para su implementación: “Es una ley que se lanzó sin estar completamente armada la infraestructura, tanto física como profesional, destinada a controlarla bien. Eso fue un error que cometió entonces el ministerio de Justicia y que se ha pagado, porque el sistema ha andado bastante cojo”, señaló.

Burgos ejemplificó con “la capacidad que tiene el Estado para asegurar que los jóvenes infractores, particularmente primerizos, que cumplen en medio libre, sean ayudados por la sociedad para evitar que vuelvan a infringir las leyes. Creo que ahí hay problemas”.

Por su parte, Nicolás Espejo indicó que “desde la perspectiva de Unicef, el gran desafío es crear lo que Chile prometió y no ha logrado desde 2007, que es tener un sistema especial para adolescentes que cometan delitos. El desafío no es aumentar las penas, no es el discurso del temor ciudadano ni puede ser que los adolescentes infractores son los enemigos, de los que hay que salir a proteger porque nuestra seguridad está comprometida”.

El también académico de la Universidad Central agregó que “la lógica es un sistema que se oriente hacia una responsabilidad penal de los adolescentes que cometan delitos, pero con una mirada en que el foco debe ser la protección de los derechos de esos adolescentes y su reinserción”.

Con esto coincidió la especialista Lucía Dammert, quien subrayó además que las medidas para enfrentar la criminalidad adolescente no sirven si están aisladas de otras materias: “La violencia y la criminalidad juvenil no se resuelven solo con policía y justicia. Las experiencias internacionales han demostrado que se requiere de inversión importante en medidas de educación, en reinserción laboral, en formación incluso para la convivencia familiar”.

Esto, dijo Lucía Dammert, considerando la relevancia que tiene el contexto en el ingreso de un adolescente al mundo del crimen: “Más que en un joven infractor, uno tiene que pensar en un joven vulnerable. Eso es también un cambio cultural que tiene que hacerse en la sociedad en general, porque la inversión en más cárceles o más sistemas cerrados no está funcionando, en términos que hay mayores niveles de reincidencia”, explicó.

En ese sentido, Lucía Dammert afirmó que, entre otras medidas, se deberían desarrollar programas para disminuir el embarazo adolescente, que es un factor de riesgo para el inicio de carreras criminales; políticas de salid para combatir la adicción al alcohol y drogas; y programas de capacitación para dar oportunidades a personas que tienen problemas para su inserción laboral.