Organizaciones sociales, ambientales y comunales, junto al Colegio de Arquitectos y el Partido Progresista, solicitaron Presidente Sebastián Piñera que derogue el artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, que otorga caducidad a las declaraciones de utilidad pública.
A partir de marzo, esto permitirá la construcción de edificios en parques comunales e intercomunales pertenecientes a particulares.
El candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami, recalcó la importancia de esta iniciativa, recordando que el artículo impugnado obtuvo la aprobación del Parlamento en febrero de 2004 y establece plazos fijos de cinco y diez años para la protección de dichos predios, los que el próximo 1 de marzo “quedarán absolutamente indefensos ante la ley”.
“Discusión inmediata significa que el Senado y la Cámara discuten esto en 24 horas y que después, en los años que quieran, discutamos la mejor ley para Chile, pero hoy tenemos una urgencia. En estos días se sigue solicitando desafectar suelos para proyectos inmobiliarios a costa de las áreas verdes”, advirtió.
En tanto, Patricio Herman, director de Defendamos la Ciudad, sostuvo que “esta normativa urdió una fórmula que entrega plusvalía patrimonial a los particulares que tenían terrenos definidos como áreas verdes en las 345 comunas del país”.
“Toda esta gente está pidiendo a los alcaldes que les cambien los usos de suelo para que les entreguen las normas de edificación de los predios colindantes. A raíz de esa inicua legislación, están pidiendo estos cambios en estos días. Mientras más nos demoremos en derogar, menos áreas verdes vamos a tener no solo en la región Metropolitana, sino que a nivel país”, recalcó.
Asimismo, el concejal de la comuna de Macul, Iván Gajardo, manifestó la importancia que tiene la preservación de las áreas verdes en el desarrollo social de la población, indicando que “la construcción indiscriminada que están desarrollando las empresas inmobiliarias en las comunas del país, lo único que generará serán perjuicios para los niños y vecinos”.
“En Macul hay una cantidad de edificios que se están haciendo en altura que la calidad de vida de los vecinos se va perdiendo. Y, por cierto, se va perdiendo algo que es fundamental, la plaza donde nuestros niños, nuestro futuro, pueden jugar. Por eso es fundamental que se derogue, para hacer estudios y mantener las áreas verdes”, sostuvo.
En tanto, Ximena Bórquez, integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano del Colegio de Arquitectos, explicó que “permitir el cambio de uso de suelo afectará a la estructura urbana en su conjunto”.
“El daño más grande se produce en aquellos sectores de extensión urbana donde estaba prevista una red vial que garantizaba la conectividad del conjunto del sistema urbano, lo que caduca. Son sectores que quedan sin ejes estructurantes, sin quedar debidamente conectados al resto de la ciudad. Cuando se formula un plan regulador, se hace fundamentado en un estudio de capacidad vial, entonces el sistema completo se resiente”, señaló.
Frente a la información presentada desde hace años por el Colegio de Arquitectos y organizaciones sociales como Defendamos la Ciudad, el ministerio de Vivienda y Urbanismo preparó y despachó al Ejecutivo una nueva modificación al artículo 59 de la ley, que restituye la vigencia indefinida de la declaratoria de utilidad pública, a cambio de un sistema de compensaciones para los afectados.
Sin embargo, el Ejecutivo aún no despacha la modificación al Congreso, lo que dará tiempo para que las inmobiliarias construyan y utilicen los parques. Por eso, los distintos sectores instaron al Gobierno a que derogue el articulado durante los primeros días de marzo y luego de aquello se legisle.
