El Presidente Sebastián Piñera confirmó en la mañana de este miércoles que el Gobierno se encuentra preparando un plan de reparaciones y compensaciones para los familiares de personas que fallecieron producto del terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010.

El jefe de Estado confirmó que se sostuvieron conversaciones con cercanos a los fallecidos durante la catástrofe, para comenzar a delinear la forma de entregar las compensaciones.

Equipos de la Presidencia y la Segpres analizan las implicancias jurídicas de las distintas propuestas que manejan en el Gobierno para compensar a las familias de las 156 personas que perdieron la vida específicamente por el maremoto.

El mandatario inauguró una escuela y un conjunto habitacional en Constitución, ocasión que aprovechó para confirmar que habrá un plan de compensaciones: “Al menos en este mundo, no vamos a poder recuperar nunca las vidas que se cegaron para siempre en esa madrugada del 27 de febrero. Por eso, como no podemos devolverles los seres queridos que perdieron a las familias, quiero hacer un compromiso como Presidente de Chile. En la medida en que hubo responsabilidad del Estado, en cualquier nivel y de cualquier naturaleza, vamos a asumir esa responsabilidad. Si bien nunca vamos a poder devolverles a esas familias los seres queridos que perdieron, sí podemos contribuir con compensaciones  y ayudas especiales a mitigar el dolor y ayudarlos a reconstruir sus vidas y poder seguir adelante”, dijo.

La noticia fue valorada por especialistas y abogados, quienes además hicieron ver que la medida puede tener implicancias políticas, ya que probablemente será el próximo gobierno el que deba asumir las negociaciones.

Daniela Ejsmentewicz Cáceres, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, consideró que el anuncio es valioso para los familiares de las víctimas y explicó que se debe implementar en forma paralela a la investigación judicial.

Asimismo, subrayó que, al ofrecer compensaciones, el Estado admite su responsabilidad en el fallecimiento de personas durante la catástrofe del 27 de febrero de 2010: “Si compensas a alguien por un daño, se asume que fuiste responsable de haber cursado ese daño y te ves obligado a compensar y reparar. Las personas que perdieron a sus familiares han iniciado acciones legales que buscan determinar si hubo responsabilidad penal de ciertos agentes de Gobierno individualmente, pero otra cosa es la responsabilidad que asume el Estado como institución. Si el Estado, como institución, ofrece reparar, es porque reconoce que su actuar fue el causante del daño”, explicó.

Entre los antecedentes que ha estudiado el Ejecutivo se encuentra el caso de los 45 conscriptos fallecidos en 2005 en el volcán Antuco, cuyos familiares recibieron compensaciones luego de establecer una mesa de negociación con el Consejo de Defensa del Estado.

Uno de los abogados que participó de esas conversaciones fue Raúl Meza, quien también es querellante en la investigación judicial por las muertes del maremoto.

De acuerdo al jurista, en esta ocasión el Estado puede asumir la misma responsabilidad que en el caso de Antuco, ya que funcionarios de organismos públicos cometieron una negligencia que derivó en un daño: “En este caso estamos ante la misma hipótesis jurídica en relación a funcionarios públicos, tanto de la Onemi como de la Armada. Desde el punto de vista jurídico estamos en la misma hipótesis y no veo ningún elemento que genere algún inconveniente en plantear exactamente el mismo trabajo, las mismas comisiones de negociación que se hicieron en Antuco y, finalmente, llegar a un monto de indemnización justo y razonable”, aseguró.

Otro caso que se estudia es el del Patio 29, donde el Consejo de Defensa del Estado llegó a un acuerdo para reparar a los familiares de los fallecidos durante la dictadura, cuyos cuerpos habían sido mal identificados por el Servicio Médico Legal.