Un documento elaborado por el Centro de Estudios y Asistencia Legislativa de la Universidad Católica de Valparaíso ya se encuentra en poder de la Fiscalía de Alta Complejidad, que investiga el caso de repactaciones unilaterales en la multitienda La Polar.

Cabe recordar que los principales imputados por el caso son el ex presidente del directorio y gerente general, Pablo Alcalde, y los ex gerentes Julián Moreno y María Isabel Farah, quienes se encuentran con medidas cautelares y acusados de distintos delitos.

El informe, de 414 páginas, fue el primero de los peritajes encargados y buscaba establecer la trazabilidad del proceso de renegociación de los créditos, qué sistemas informáticos se utilizaban para esto y quiénes colaboraban en el proceso.

Así, se determinó que todas las gerencias corporativas de la empresa tenían conocimiento de la selección de clientes y la repactación unilateral y que sus resultados fueron difundidos a todos los gerentes de alto nivel a través de informes de gestión.

Asimismo las deudas que registraban mora superior a 180 días no eran castigadas y se consideraban vigentes, lo que se mantenía como activo en términos contables. Esto, indica el informe, infringe las normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, la política interna de la empresa y la recta práctica contable. Además, la renegociación unilateral está prohibida por ley.

La abogada Bárbara Salinas, representante de los accionistas minoritarios, consideró que el informe “viene a confirmar lo que siempre hemos sostenido como querellantes desde la presentación de la primera querella, que todos los imputados, las gerencias y toda la compañía en general sabía de las repactaciones. No nos sorprende, pero nos satisface mucho que esté respaldado por un peritaje, porque eso echa por tierra las piedras angulares de las defensas, sobre todo de Pablo Alcalde y María Isabel Farah, que siempre han señalado que ellos no conocían ni sabían de la existencia de estas repactaciones”.

La abogada adelantó que, luego de analizar el informe, “si nos surge la convicción o, al menos presunciones de peso de que hay personas que eventualmente pueden ser formalizadas, que sí tienen un grado de participación, haremos la solicitud y las diligencias ante el Ministerio Público”.

“Probablemente puede ser el caso de algunos directores, porque entendemos que el informe también estableció la trazabilidad de la repactación al interior de la compañía, por lo tanto, puede que haya algún otro director que tenga una responsabilidad distinta o mayor a la que se ha establecido hasta ahora”, añadió.

Un punto de vista distinto planteó el abogado Jairo Casanova, representante de la Fundación Chile Ciudadano, quien recordó haber presentado una querella por asociación ilícita, lo que sería respaldado por este informe.

Sin embargo, el jurista advirtió que es difícil que esto modifique el escenario judicial: “Me gustaría que cambiara, pero soy escéptico al respecto. Lamentablemente, los delitos financieros tienen muy baja sanción en Chile. Siendo bien realista, lo veo difícil, pero no imposible. Los fiscales han hecho todo lo que tienen que hacer con las herramientas que tienen, lamentablemente las penalidades y medidas que pueden tomar no son tan eficientes como para tratar de desarticular a estos verdaderos delincuentes económicos que han producido tanto daño. Podrían haber, pero no creo que haya nuevas formalizaciones”, explicó.

En tanto, el presidente de la Corporación de Consumidores y Usuarios (Conadecus), Hernán Calderón, recalcó que las repactaciones no se podrían haber hecho sin una política de toda la empresa: “Nunca tuvimos dudas que esto no era una información que tenía una parte del directorio o alguno en forma parcial, era una política establecida al interior de la empresa, que se aplicó durante diez años. No nos sorprende. Sin conocimiento de todos era imposible aplicar esta política, por lo tanto, confirma que era un método y una forma en que operaba La Polar con sus consumidores”, indicó.

Cabe recordar que en agosto del año pasado, el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago decidió por segunda vez ampliar el plazo de investigación por diez meses, por lo que recién en junio de este año debería comenzar la preparación del juicio oral.