Que Santiago fuera la ciudad más desigual dentro de las 30 que fueron evaluadas por la OCDE no sorprendió a los especialistas en desarrollo urbano, quienes señalaron que distintas organizaciones a nivel nacional, como el Colegio de Arquitectos, los geólogos y varias universidades vienen advirtiendo esta situación hace muchos años.

Sin embargo, afirman, las autoridades de la Concertación y de la Alianza no han escuchado las advertencias.

Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, indicó que en el informe se sigue destacando la presencia de guetos urbanos, conformados por blocks aislados con departamentos sumamente pequeños.

En ese sentido, afirmó que “es fundamental que exista integración socioespacial, es decir, los pobres deben convivir con los ricos, tal como en los países del primer mundo. No podemos permitir que a los pobres siempre se les siga lanzando a extramuros, donde los terrenos son más baratos. Esa es la razón por la cual, cuando llueve un poco más de la cuenta, esas viviendas se inundan”.

En ese sentido, junto a la directiva del PRO, hizo un llamado al ministerio de Vivienda a no sólo preocuparse de la cantidad de inmuebles y los resultados de la reconstrucción, sino que también de la calidad, para que éstos cuenten con acceso a servicios básicos, vialidad y áreas verdes, respetando los 17 metros cuadrados por habitante que corresponden y que en Chile claramente no se cumplen.

Además, la organización y el partido propusieron una serie de medidas, como el término de los subsidios del Estado a los propietarios de viviendas catalogadas como DFL2, ya que restan ingreso a las municipalidades.

También apuntan a que el Estado pueda capturar parte de la plusvalía que se generan con políticas públicas por cambios de uso de suelo o en las zonas de edificación, un proyecto que se presentó en 1997 y que, debido al lobby de los inversionistas, hoy está durmiendo en el Congreso.

La presidenta del PRO, Patricia Morales, añadió que “una de las conclusiones principales que sacamos del estudio de la OCDE es que se requiere una especie de superintendente o alcalde mayor, que pueda coordinar las acciones de todos los ministerios sectoriales que tienen que ver con el hábitat, el urbanismo, la definición del contexto en el cual van a vivir los ciudadanos”.

Según la dirigenta, “cuando creas un barrio, haces desplazamientos o creas nuevas poblaciones vulnerables, no solo es un tema de vivienda, sino que tiene que ver con accesibilidad, presencia de escuelas y consultorios, en fin. Involucra muchísimos otros ministerios y reparticiones”.

Además, ambos añadieron que toda modificación a los planes reguladores se debe definir por plebiscitos y no por decisiones discrecionales de las autoridades de turno, como es hoy día.

En ese sentido, afirmaron que es necesario generar una mayor participación ciudadana, para que sean los mismos habitantes de las localidades los que diseñen la ciudad en la que quieren vivir. Esto, además de una mirada estatal inteligente que comience a generar políticas que permitan ir rompiendo el cerco de la desigualdad.