La privatización de las empresas del Estado y de las actividades relacionadas con la educación, la salud, la previsión y los suministros fundamentales ha sido el gran hilo conductor de todos los gobiernos de la posdictadura. En la explotación de nuestros yacimientos, Codelco ha quedado completamente rezagado en relación a la producción y ganancias de las  transnacionales instaladas en Chile bajo todo tipo de incentivos y ventajas, así igualmente todas las entidades sanitarias y distribuidoras de energía. En la educación, asimismo, lo que se implementó fue el paulatino desdén hacia las universidades y establecimientos escolares públicos, tan cual como se ha tolerado el más escandaloso lucro de las AFP y las isapres en desmedro del ahorro previsional y los hospitales. Porcentualmente, las utilidades de la banca extranjera son en nuestro país las más onerosas del mundo gracias a que nuestra legislación es demasiado blanda respecto de la usura, cuanto bochornosamente complaciente con las evasiones tributarias y colusiones de las grandes empresas.

Aunque los escándalos y los abusos son el pan de cada día, todos los gobiernos finalmente han sido fieles en acatar esa inaudita indicación constitucional que impide o limita al extremo al estado chileno inmiscuirse en la economía, cuanto ser un agente activo en la promoción de emprendimientos que pudieran, al menos, competir con la inversión privada y extranjera, además de regularla. Sabemos de la incapacidad y falta de disposición de cada uno de los sucesivos gobiernos en cuanto a echar mano a nuestras enormes reservas en el extranjero para generar actividades y empleo productivo, así como satisfactoriamente remunerado. Todo se permite, a vista y paciencia, para colmo, de la especulación y de los atentados medioambientales perpetrados por la empresa privada que viene demostrándose, por lo demás, menos eficiente que el Estado en aspectos tan importantes como la instrucción, el transporte colectivo y muchas de las obras de infraestructura.

Cuando se asume que Chile es uno de los países de menos equidad social, se soslaya la responsabilidad que tienen las privatizaciones y la falta de control del Estado sobre tantas inversiones que se valen, por ejemplo, del precario salario mínimo para lograr sus groseras utilidades. Los parlamentarios de nuestro país, tan dadivosos en fijarse sus propias remuneraciones, si todos los años concuerdan en un incremento bochornoso de los salarios de los trabajadores es porque saben que con esto estimulan las inversiones foráneas y otorgan “ventaja comparativa” al cometido exportador. Asimismo, en el afán de favorecer lo privado es que se aplican las millonarias condonaciones tributarias a las grandes empresas. En una actitud que no se condice con la estrictez de nuestro Servicio de Impuestos Internos con los contribuyentes comunes y corrientes.

En el transcurso de una política que favorece las privatizaciones y se empeña en disminuir al Estado es que ésta misma se ha privatizado severamente, a la vez concentrado en muy pocas manos, es decir en una elite de operadores cada día más rehén de poder al que sirven desde La Moneda, el Parlamento y los Municipios. Después de 6 gobiernos, en que cada uno de los cuales es más de lo mismo, el país está desencantado de nuestra institucionalidad y, de verdad, no avizora un cambio real en manos de quienes rotan de un cargo a otro. No aprecia, tampoco, diferencias sustantivas entre los partidos adscritos a la centroderecha o a la centroizquierda, en un desperfilamiento ideológico de tal magnitud que al final solamente es posible distinguir a sus actores por sus pretensiones personales.

Al respecto, parece insólito que los numerosos “abanderados” presidenciales no tengan bandera alguna, al grado que uno de los operadores de la Concertación proclamó que “el programa de gobierno era la propia Michelle Bachetet…” De esta forma es que nos parece asombroso, además, que ahora se le quiera asignar a ella la posibilidad de que “cortar el queque” en la disputada definición de los candidatos a parlamentarios del conglomerado. Con todo lo cual se descubre la voluntad de que el Poder Legislativo permanezca como una entidad súbdita del Ejecutivo. De allí, la enorme irritación que le causara en el pasado a  algunos mandatarios el voto díscolo de algunos diputados, así como el empeño posterior de éstos de abuenarse lo antes posible con La Moneda, a riesgo de perder su reelección.

El Servicio Electoral apura reformas a la Ley que la rige a objeto de que las elecciones primarias presidenciales y legislativas se constituyan en unos comicios que contribuyan a la masiva participación ciudadana como a la renovación de los actores políticos. Una iniciativa que ha sido celebrada por el conjunto de los partidos pero con mucho desgano en la práctica para  cumplir con el espíritu que debiera animar esta consulta del próximo 30 de junio. En efecto, ya se sabe de la voluntad de algunas colectividades de no hacer competir en primarias a aquellos que buscan reelegirse en los cargos, organizándolas sólo donde alguien no quiera repostularse, pero siempre que se asegure la continuidad militante de su sucesor. O, en su defecto,  su partido intercambie el cupo por otro distrito o circunscripción.

Desde el momento que algunos partidos reclaman por adelantado un determinado número de cupos parlamentarios es que le están negando a la consulta primaria alguna solvencia. De esta forma es que en la privatización del llamado “servicio público” es que debemos entender, también, la renuencia general de partidos o dirigentes para abrir sus listas a las nuevas figuras de las bregas estudiantiles y sociales, salvo que su incorporación les asegure salvar las correlaciones de fuerzas establecidas por el mismo sistema binominal, como lo negociado internamente en  los referentes políticos perpetuados por el régimen institucional legado por Pinochet y sacraloizado por sus sucesores.

Todo está concatenado. La consagración del modelo económico desigual requiere de gobernantes y legisladores dóciles con licencia para vociferar  siempre que el sistema no corra riesgo alguno. De esta forma es que presenciamos debates mediáticos y parlamentarios de mucha virulencia que indefectiblemente concluyen en votaciones consensuadas. Resultados matemáticamente convenidos por oficialistas y opositores, así haya que pagar la abstención, el pareo o el certificado médico de algunos diputados que, como René Alinco, acostumbran a obtener dividendos económicos de un sufragio que pudiera inclinar la balanza en favor de un cambio o un acuerdo que amenace quebrar la armonía de ese conjunto de bancadas. Y que en conjunto llaman fair play .

Desgraciadamente, el poder de la propaganda, la uniformidad ideológica de los grandes medios, como la pertinaz ingenuidad electoral de quienes reiteradamente son despreciados por la política actual, obnubila a figuras y expresiones y les abre el apetito por competir bajo las reglas de una institucionalidad hecha a la medida de los intereses que se quieren perpetuar. Y que, como sabemos, se enseñorean efectivamente en los yacimientos, la banca y las organizaciones gremiales. Donde también algunos mediáticos personajes se divierten al igual que muchos políticos al son de agradar a sus patrones y, por ningún motivo, incomodarlos. Es decir, a las sociedades anónimas, como a esa nómina de multimillonarios chilenos ya bien instados en el escalafón de Forbes.

Líderes, genuinas organizaciones sociales, grupos, grupúsculos y demases que curiosamente aciertan en representar las frustraciones del pueblo al grado de tener una injerencia cierta en la explicación de ese sesenta por cierto que se abstuvo en las últimas elecciones municipales.  Expresiones diversas de la sociedad civil que continúan menoscabando el poder que ya han manifestado en las calles y en esa multiplicidad de protestas que todos los días se pronuncian a lo largo del país pero que, a la hora, de las elecciones son seducidas por los políticos cooptados y  la ilusión de que el crecimiento económico del país alguna vez les permita algo más que las migajas que le desparrama.

Que se resisten a entender que los grandes cambios necesitan ideas que rompan la inercia ideológica, de conductores probos y con arrojo. Los únicos que , en definitiva, se alojan en la historia de los grandes políticos y progresistas de la humanidad.