Asesores del Gobierno, rectores y expertos de Educación2020 y la Fundación Jaime Guzmán son parte de los invitados a la cuarta sesión de la comisión de Educación del Senado.

La instancia revisa actualmente el proyecto que crea una Agencia Nacional de Acreditación y que surgió como respuesta a la serie de irregularidades y delitos detectados en distintos planteles universitarios y la entidad encargada de certificarlos.

Los aspectos más relevantes del mensaje presidencial es que esta Agencia, que sustituye a la actual Comisión Nacional de Acreditación, será dirigida por un Consejo, en el que se establecerán las inhabilidades e incompatibilidades de sus cinco miembros.

Los planteles de educación superior deberán acreditarse obligatoriamente, lo que estará determinado por el cumplimiento de una serie de exigencias, las que definirán si la certificación es por tres o seis años.

Esta acreditación de carácter imprescindible fue valorada por el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Andrés Fielbaum, quien, pese a esto, criticó el proyecto, afirmando que es un intento por evadir el lucro en la educación superior.

“Si bien es evidente que es necesario mejorar el actual sistema de acreditación, mientras existan universidades que estén pensando en ganar plata en vez de educar, no va a haber ninguna agencia suficiente que sea capaz de fiscalizarlos. Si bien, el proyecto tiene varios elementos que pueden considerarse avances, hay otros que nos preocupan mucho. Da la impresión que cuando una universidad entre en crisis, los estudiantes van a ser los perjudicados, tal como está ocurriendo hoy con la Universidad del Mar y eso nos parece inaceptable”, comentó el dirigente estudiantil.

El senador independiente Carlos Cantero, presidente de la comisión de Educación, valoró la iniciativa e indicó que es muy probable que se apruebe, mientras que Alejandro Navarro aseguró que “el fracaso de la CNA obliga a una reflexión mucho más profunda”.

“La propuesta del gobierno busca mejorar, establecer mayores regulaciones, pero mantiene una estructura que, en mi opinión, sigue siendo insuficiente. Hasta ahora, los resguardos que el proyecto propone crean barreras de entrada para evitar elementos de corrupción, hay más transparencia, pero sigue habiendo un sesgo que no garantiza que, en definitiva, las universidades acreditadas sean de calidad. Dejar en libertad los años de acreditación no parece ser lo más adecuado”, afirmó el parlamentario.

Mario Sobarzo, experto del Observatorio Chileno de Políticas Educativas de nuestra casa de estudios, manifestó su disconformidad con el enfoque del Gobierno.

“El tema de fondo es que se mantiene el concepto técnico de la acreditación pero no se discute un proyecto de un sistema universitario país”, fueron parte de sus descargos.

“Además de eso se debe pensar cómo se va a evaluar el sistema universitario y también el hecho de que esto va asociado a entregar recursos para que el sistema no esté financiado por parte de los estudiantes sino que basalmente por la sociedad chilena. Si las universidades cumplen una función pública obviamente es una responsabilidad social su funcionamiento”, indicó.

Sobarzo emplazó a las autoridades a “invertir la lógica y darle sentido al sistema universitario como aporte al país y no como un instrumento de realización individual”.

Luego de la última ronda de asistencia de expertos, el proyecto se votará, probablemente, el martes 19 de este mes, según informó el senador Carlos Cantero.