Para el 29 de abril quedo fijada la audiencia de juicio oral donde la Fiscalía Centro Norte está pidiendo presión efectiva para el abogado y ecologista Luis Mariano Rendón y el sociólogo Osvaldo Tello, además de las horas de trabajo al servicio en beneficio de la comunidad a cinco jóvenes que, en entonces eran menores de edad.

Esto por los hechos registrados el 20 de octubre del 2011 cuando los parlamentarios se reunieron en la capital con el fin de discutir el presupuesto en Educación, tema particularmente sensible en un año marcado por movilizaciones que solicitaban de forma masiva una educación pública gratuita y de calidad.

El Presidente de Acción Ecológica e integrante de Democracia Para Chile, Luis Mariano Rendón, calificó este requerimiento como un “juicio político”, que “tiene como objetivo criminalizar un acto de disidencia política. Nosotros lo que realizamos el día 20 de octubre del año 2011 fue un acto de desobediencia civil no violenta mediante el cual emplazamos a la clase política a que pudiera abrir paso a los cambios democratizadores que el país viene reclamando hace muchísimo tiempo”.

En ese entonces, la manifestación terminó con la brusca salida del titular de Educación de la época, Felipe Bulnes, y que los dirigentes se negaron a abandonar el Congreso hasta que los parlamentarios se comprometieron a presentar un proyecto de reforma constitucional elaborado por la ciudadanía, lo que facilitó el final de la toma.

Así, el 7 de junio del 2012 ingresó la iniciativa, la que aún duerme en la comisión de Constitución y Justicia de la Cámara Baja. A esto se refirió Nicolás Facusse, Coordinador General de Asesoría Ciudadana, ONG encargada de  apoyar jurídicamente a organizaciones sociales.

“Esto es una demostración de debilidad política. El Estado, en el actual orden de cosas en nuestro país, no ha tenido la capacidad de solucionar los grandes problemas que tiene la ciudadanía chilena. Esto es una nueva muestra, como ha ocurrido con el intento de Ley Hinzpeter, con la aplicación de la Ley Antiterrorista, con la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, esta es una nueva demostración de que se utiliza el derecho penal para amedrentar”, expresó.

En este sentido, el abogado constitucionalista de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz Tagle, expresó que la situación es compleja, ya que al existir actos violentos y agresiones, los dirigentes deben asumir un costo. Sin embargo criticó la magnitud de la pena solicitada.

“Me parece que castigar esto con presidio es excesivo. Quizás debería aplicarse una multa y la idea de la salida alternativa del trabajo comunitario me parece adecuado, pero aplicar presidio me parece una pena desproporcionada”.

El abogado cuestionó también la figura legal con la que se les procesará: delito de desacato y atentado contra la autoridad pública, la que, afirmó, tiene muchos cuestionamientos y se ha usado “de forma lamentable”, muchas veces incluso limitando otros derechos como la libertad de expresión.

Además, recordó que en este conflicto, los dirigentes estaban haciendo frente al secretismo parlamentario, ya que no existía información pública sobre la reunión, lo que “lamentablemente” es permitido por la misma ley del Congreso en su artículo quinto.