La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la sentencia dictada por el vigésimo séptimo Juzgado Civil de Santiago, que ordenaba al fisco pagar indemnizaciones a más de doscientas personas que estuvieron detenidas, privadas de libertad o sufrieron apremios ilegítimos entre 1973 y 1990.

En fallo unánime, la quinta sala del tribunal de alzada -integrada por las ministras Gloria Ana Chevesich, Elsa Barrientos (suplente) y el abogado integrante Eugenio Benítez- acogió la presentación del Consejo de Defensa del Estado y aplicó la prescripción de la acción civil, atendido a que la presentación de la acción legal excedió del plazo de cuatro años que fija la ley.

“En las condiciones descritas (…) es notorio y manifiesto que entre la fecha de ocurrencia de las circunstancias fácticas que originan este juicio y la fecha en que la resolución recaída en el acto promotor de este proceso declarativo civil se llevó a conocimiento del sujeto pasivo, esto es, del Estado de Chile, el día 20 del mes de julio de 2007, el plazo de prescripción extintiva de las respectivas acciones judiciales, que establece el artículo 2332 del Código Civil, había transcurrido en exceso, como es evidente”, sostiene el fallo.

La resolución agrega: “Por ende, resulta enteramente procedente estimar y acoger la excepción de prescripción, planteada para redargüir lo expuesto en la demanda de autos, oportunamente formulada por el sujeto pasivo de la relación procesal trabada en autos, en la contestación de la demanda articulada a fojas 226 y siguientes”.

El 3 de agosto de 2010, el juez titular del 27° Juzgado Civil de Santiago Javier Torres Vera había acogido la demanda y ordenado al Fisco pagar indemnizaciones desde 5 millones hasta 30 millones a más de 250 personas, según el tiempo de detención, privación de libertad o si fueron víctimas de apremios ilegítimos.