Durante el año pasado, si bien se mantuvo el porcentaje de imputados con prisión preventiva, aumentó el total de personas afectadas, pasando de 14 mil en 2006 a más de 21 mil en 2012. Así lo informó el Defensor Nacional, Georgy Schubert, en la cuenta pública de su administración durante el año pasado.

Los grupos a los que más se les aplicó esta medida cautelar fueron los extranjeros y migrantes, con un 18,2 por ciento y miembros de pueblos originarios, con poco más del 7 por ciento.

En el caso de los jóvenes, la situación es más compleja, ya que sólo al 15 por ciento de los menores de edad que se les decretó la medida de internación provisoria, fueron efectivamente condenados a una pena privativa de libertad.

Otro aspecto son las detenciones ilegales, las que pese a representar sólo el 1,5 por ciento de las aprehensiones, afecta también a estos tres grupos.

El Defensor Nacional, sin cuestionar a las policías o al Ministerio Público, afirmó que los indicadores obligan a la reflexión y estudio, ya que “reflejan la forma en que nuestro sistema trata a ciertos grupos”.

En este sentido, la autoridad judicial dijo que a partir de las cifras sobre detenciones preventivas en 2012 se puede inferir que “indican que hay una desviación estadística, hay que hacer un análisis más cualitativo, más de fondo. No es posible por este sólo hecho enunciar una crítica a la otra institución, pero es algo que sin duda hay que analizar porque hay un riesgo en todo sistema de justicia criminal que trate de manera diferenciada a las personas. Necesitamos una justicia que trate a todos por igual”.

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, interpretó, de manera particular, las cifras dadas a conocer por la Defensoría Penal Pública.

En esa línea, el jefe de gabinete explicó que “en el caso de los migrantes se produce una situación de mayores imputaciones o detenciones en lo fundamental por los ingresos ilegales. En el caso de los procesos en La Araucanía se veía que las prisiones preventivas eran menores que en otras regiones, por lo tanto, más que señalar que puede haber un mayor rigor frente a determinados grupos. Uno puede tener la tendencia a pensar de que ese rigor favorece a algunos grupos”.

La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes, sostuvo que la información entregada por la Defensoría Penal Pública confirma la preocupación que ha evidenciado esta entidad por prácticas discriminatorias con estas poblaciones específicas.

La directora hizo referencia a juicios en la región de la Araucanía y a la detención de 17 inmigrantes en el cuartel Borgoño de la Policía de Investigaciones durante 15 días para ejemplificar esta inquietud.

En esa perspectiva, la máxima autoridad de la INDH enfatizó que “no basta sólo la aplicación de la ley, sino que se debe mirar con otro criterio porque la sola aplicación de la ley puede significar discriminación en una práctica o bien muchas veces, no se respeta la ley y se genera este fenómeno. Lo hemos visto respecto de jóvenes indígenas cuya imputación ha aumentado, pero que después pareciera que tienen que caber en el proyecto inocentes porque muchas veces salen absueltos”.

Durante 2012, los delitos con más ingresos fueron las lesiones, con un 21 por ciento, mientras que las bajas más fuertes se registraron en los robos, infracciones a la Ley de Drogas y transgresiones al orden público, disminuyendo este último en casi un 50 por ciento respecto de 2011, año donde las calles fueron escenarios de cientos de masivas manifestaciones.

Producto de la entrada en vigencia de la Ley de Tolerancia Cero, se redujeron los delitos más graves, como las muertes, daños y lesiones graves por conducción en estado de ebriedad, mientras que los más leves, como manejo bajo influencia del alcohol, aumentaron.