Satisfechas se mostraron las comunidades de Atacama y las organizaciones ambientalistas por la decisión de la Corte de Apelaciones de Copiapó de paralizar el proyecto minero Pascua Lama.

El tribunal acogió un recurso que presentaron comunidades diaguitas de la zona para frenar las faenas por los incumplimientos de la empresa canadiense Barrick Gold, a los compromisos adoptados en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

Si bien previamente existía una sanción del Estado por el daño a los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza, después de que fue presentada esta acción en septiembre del año pasado junto con otras medidas judiciales,  la Superintendencia del Medio Ambiente levantó una serie de cargos, acumulándose a la fecha cinco infracciones.

En este contexto, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, dijo que la decisión no le sorprende e incluso “le parece bien”. Asimismo, la titular de Medioambiente, María Ignacia Benítez, indicó que el fallo va en línea con lo que el Ejecutivo ha estado haciendo.

Álex Quevedo, uno de los abogados que interpuso la orden de no innovar, explicó que las faltas en las que ha incurrido la compañía se relacionan principalmente con la protección de los recursos de los recursos hídricos, que estaba establecida en la calificación ambiental.

“Todas las normativas y obras que tenían que estar ejecutadas antes de que se empezara a remover el material para llegar al mineral, no se realizaron. Pero también se están impactando los glaciares de forma significativa por el depósito de sedimento sobre ello”, precisó el jurista.

Si bien desde las organizaciones de Defensa del Valle del Huasco expresaron su “alegría” con la decisión del tribunal, a través de un comunicado manifestaron que “esta paralización ordenada por la justicia, demuestra la falta de rigurosidad con que ha operado la institucionalidad ambiental de nuestro país la que, estando en antecedente de incumplimiento de la  Resolución de Calificación Ambiental – RCA desde 2009, ha promovido criminalmente la continuidad del daño mediante sanciones irrisorias”.

En tanto, Solange Bordones, presidenta del Consejo Regional Diaguita se mostró conforme, pero añadió que espera una paralización total del proyecto, el que, además, no cumplió con el derecho a la Consulta que fija el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Ellos han demostrado que sus faenas no son compatibles con nuestra forma de vida porque no han respetado las normas sanitarias, ni las otras que se les impusieron y por las que se les dio permiso para trabajar. Ellos han hecho modificaciones al proyecto que exigen consulta y no se nos preguntó nada”, denunció la dirigente.

Sin embargo, existen matices entre las comunidades de la zona. Mientras el grupo representado por Solange Bordones  exige que la empresa no opere si no cumple antes con todos los requisitos, otros piden de lleno que se revoque su RCA frente a los daños irreversibles que ya ha generado. En ese marco, otro grupo de dirigentes diaguitas, encabezado por Rodrigo Villablanca, y conducido por el abogado Hiram Villagra, también sostiene acciones legales,  las que aún no se han definido.

En caso de que los tribunales llegaran a fallar en una línea similar, el panorama para Barrick se complica. Por eso, los movimientos sociales del sector califican este paso como “una victoria de las organizaciones sociales”, tal como indicó Juan Carlos Labrín,  vocero de Brigada S.O.S Huasco.

“La ciudadanía en general ya ha apoyado por más de diez años las diversas manifestaciones a nivel nacional, internacional y de  distintas organizaciones. Si definitivamente se clausura o se cierra el proyecto, creemos que no sólo es un triunfo del Huasco sino que de la ciudadanía que ve en este proyecto una destrucción masiva de todo un valle y de la naturaleza”, sentenció Labrín.

En tanto, Rodrigo Jiménez, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Barrick Gold, afirmó que la empresa no se referirá al contenido o implicancias de la resolución del tribunal de alzada, ya que “no hemos sido notificados”.

Jiménez agregó que “una vez que seamos notificados, la revisaremos en detalle y definiremos las acciones correspondientes”.

Pascua Lama es un proyecto de extracción de oro binacional, ya que una parte está Chile y otra en Argentina, país donde la compañía también ha sido sancionada y llevada a tribunales. Al otro lado de la cordillera existe además una Ley de Protección de glaciares, que ha sido la piedra de tope para el avance de las obras. En ese sentido, los dirigentes afirmaron que cada día “se está haciendo más visible la inviabilidad de esta iniciativa”.

En las próximas semanas, la Corte de Apelaciones de Copiapó debería pronunciarse sobre la medida que aún está pendiente y revisar  este recurso con lo que, de aprobarse, según señalan los abogados de ambas partes, la empresa sería obligada a cumplir con los requisitos establecidos al momento de ser aprobada. De lo contrario, estaría incurriendo en un desacato, lo que es más grave, ya que margina la falta del ámbito administrativo y la sitúa en el marco de un ilícito penal.