La paralización de Pascua Lama de la multinacional Barrick no es un caso aislado. Son varios los proyectos de desarrollo y explotación que han tenido como piedra de tope la judicialización de dichas iniciativas.

La semana pasada, la Corte de Apelaciones de Copiapó ordenó paralizar el proyecto minero acogiendo el requerimiento de comunidades diaguita que reclamaban por graves irregularidades medioambientales vinculadas a la destrucción de glaciares y a la contaminación de recursos hídricos.

Según el senador Guido Girardi (PPD), la constante judicialización de grandes intervenciones mineras o energéticas, como por ejemplo la Termoeléctrica Castilla e Hidroaysén, habla sólo de las ineficiencias que contiene la normativa actual.

“La institucionalidad ambiental ha permitido que, sistemáticamente proyectos que no cumplen con los requisitos técnicos -y que a pesar de que Salud, el SAG y las distintas instituciones digan que son contaminantes y dañinos- se aprueban de todas maneras. Chile es el único país del mundo donde el sello de calificación ambiental es fraudulento. Ese sello que aparece como favorable, puede tener una calificación negativa”, señaló el parlamentario.

Girardi agregó que este tipo de proyectos han avanzado sólo gracias al lobby y a situaciones irregulares que colindan con la corrupción, y lamentó que la legislación esté definida por intereses económicos y no con el propósito del cuidado de la salud de la población, ni la preservación del medioambiente.

El abogado Lorenzo Soto, que representó el proceso judicial que detuvo a Pascua Lama en la Justicia, afirmó que “no podemos seguir con un órgano político tomando las decisiones de inversión de 5 mil millones porque es una puerta a la corrupción. Aquí tienen que haber entidades independientes, autónomas y de alto nivel encargadas de evaluar objetivamente los proyectos. Hay muchas soluciones al respecto. Se ha planteado, por ejemplo, que se haga un consejo de todos los servicios públicos, técnicos, evaluadores”.

En el Parlamento ya existe material desarrollado con esos fines. Reformas que no fueron tomadas en cuenta e indicaciones a normativas aprobadas que no corrieron esa misma suerte.

Ante esto Girardi y el diputado Enrique Accorsi esperan que estas iniciativas se reconsideren, de manera que las determinaciones ambientales no sean de total decisión del Consejo de Ministros, ni de instancias que no cuenten con total autonomía técnica, científica y política.

Las propuestas que se quieren levantar y volver a presentar en el Congreso apuntan en esta línea, y también deberían considerar, según el abogado Soto, aspectos como la regulación y planificación del territorio y la protección de la biodiversidad y del agua. Este último aspecto un asunto donde parlamentarios avanzan en un proyecto de nacionalización y nuevo código de regulación.