Mientras miles de personas se congregaban en Santiago en la Marcha Carnaval por la Defensa y Recuperación del Agua, el Diario Financiero informaba de un fallo de la Corte Suprema que permite a las empresas mineras extraer el agua de las napas subterráneas que se encuentren dentro del terreno de sus concesiones con fines “exploratorios”. La decisión generó una preocupación inmediata, ya que podría abrir la ventana a un uso “indiscriminado” del recurso, pues ni siquiera es necesario contar con los derechos de aprovechamiento para poder utilizar estas fuentes hídricas.

También genera suspicacia el alcance que adquiriría una resolución como esta en las regiones mineras que, precisamente, son las más afectadas con la sequía, que ya se hace presente en esta zona por cuarto año consecutivo. Pero además esto vendría a respaldar las quejas de comunidades y organizaciones ambientalistas que denuncian que, mientras la escasez deja a algunas personas sin acceso a los servicios sanitarios básicos e incluso al agua potable, las empresas no han visto mermada su producción.

Así lo confirmó la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, a Radio Universidad de Chile. “Ninguna minera  ha reducido siquiera en una tonelada su producción, ninguna hidroeléctrica ha disminuido en un megawatt, ninguna celulosa y así en más. Las aguas se están utilizando para usos competitivos y de lucro, y las necesidades fundamentales de consumo humano y saneamiento no están siendo satisfechas”, aseguró la ambientalista.

Y el problema no es a largo plazo. Según el Banco Mundial en pocos años la región de Atacama podría llegar a tener un déficit hídrico de un 80 por ciento.

La complejidad que reviste el uso “racional” de este recurso no es algo que atañe sólo a nuestro país. Según una proyección realizada por Naciones Unidas, en 2050 la población mundial debería alcanzar los 10 mil millones. En ese momento, un 10 por ciento no tendrá acceso al agua potable, lo que corresponde a cerca de mil millones de personas. El mismo informe asegura que, en promedio, el consumo de este recurso a nivel mundial se concentra en la agricultura (63 por ciento), en la industria (23 por ciento) y que sólo un 11 por ciento es para uso doméstico.

En este escenario no sorprende que desde hace algunos años el agua haya sido denominada como el oro del nuevo siglo. Un bien tan escaso como valioso y que, por lo mismo, requiere de definiciones políticas destinadas a regular su utilización.

Con eso en mente, cientos de organizaciones sociales entregaron una carta en La Moneda solicitando la recuperación de este recurso. En la actualidad, la convergencia del Código de Aguas y la Constitución heredada de la dictadura permite que los derechos de aprovechamiento se transformen en garantías de propiedad, que se pueden transar en un “mercado del agua” que, al igual que en otros rubros, está concentrado en unas pocas empresas.

De hecho, según las estimaciones del experto en derechos de agua, Gustavo Manríquez, hasta un 70 por ciento de los derechos de agua no consuntivas están concentrados en tres o cuatro grandes empresas en el país. De ellos, el 81 por ciento estaría en manos de Endesa.

Y es que si bien en Chile la Constitución define a este recurso como un bien nacional de uso público, al mismo tiempo permite su utilización como bien económico gracias a las concesiones que se otorgaron de forma gratuita y a perpetuidad durante la dictadura.

“Hay una distorsión brutal y mientras sigamos con este Código y con la Constitución que entrega  a los derechos de aprovechamiento el estatus de propiedad simplemente no hay abasto. La ciudadanía está reclamando  la recuperación del agua para poder utilizarla en relación al interés público: primero para la bebida, después para los alimentos, para la conservación de las cuencas y, si queda, para los usos competitivos”, comentó Sara Larraín a nuestra emisora.

La marcha de este lunes constituyó el primer paso de la sociedad civil hacia una demanda por reformas en este sentido. Las mismas organizaciones afirmaron que el objetivo es posicionar este tema en la agenda pública, tal como ha sucedido con las demandas en contra del lucro en la educación.

Este será un nuevo flanco de batalla junto con la recuperación de otros recursos igual de valiosos para Chile como el cobre y el litio. Sin embargo, en el caso del agua, la urgencia de un pronunciamiento de las autoridades es aún mayor, toda vez que tanto factores naturales como antrópicos ponen en riesgo la vida de miles de personas.