Una comisión de especialistas creada especialmente por el presidente Evo Morales presentó una demanda en contra de Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en Holanda.

El documento exige al organismo internacional “que falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar de buena fe con Bolivia un acuerdo pronto y efectivo que le otorgue una salida plenamente soberana al Océano Pacífico”, precisó el canciller boliviano David Choquehuanca.

Fue el tratado de Paz y Amistad de 1904 el que dispuso la pérdida de acceso al mar para Bolivia, como manera de poner fin al conflicto armado que ambos países sostenían desde la Guerra del Pacífico, en 1879.

En ese sentido, el presidente Sebastián Piñera, apeló a que Chile se amparará en aquella resolución y “no vamos a ceder soberanía chilena a ningún país, porque nuestro territorio, nuestro mar, nuestra soberanía, nos pertenece legítimamente a todos los chilenos”. Sus declaraciones fueron respaldadas por el Ministro del Interior, Andrés Chadwick, para quien los requerimientos de la nación altiplánica “carecen de fundamento jurídico”. “Chile no tiene temas pendientes, limítrofes ni soberanos, ni con Bolivia ni con Perú. En el caso específico de Bolivia, ni siquiera existe tribunal competente en La Haya”, expresó.

Sin embargo, la demanda boliviana no se centra en el Tratado, sino en los compromisos de negociación enunciados por el Estado chileno que no se han cumplido. Esto marca un giro importante en la estrategia de Bolivia, ya que  “las condiciones en las que inicialmente se planteaba lo que iba a ser la demanda boliviana de alguna manera cambian y se siguen las luces que se habían entregado en los últimos días respecto a que Bolivia argumenta que Chile en una serie de oportunidades se muestra dispuesto a negociar y debatir respecto de este tema, lo que finalmente no se ha concretado”, explicó la analista del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Paz Milet.

“Bolivia está acogiéndose a que hay ocasiones en que los jefes de Estado, los jefes de Gobierno, los Ministros de Relaciones Exteriores hacen ciertas declaraciones que pueden ser constitutivas de promesa, acto que genera derechos para el otro, al que se le prometió, al que se le dijo”, detalló Astrid Espaliat, abogada del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Además, la académica enfatizó en el carácter inédito y arriesgado de la demanda boliviana, puesto que la Corte de la Haya rara vez ha obligado a dos naciones a negociar y jamás ha fallado sobre cesión de territorios.

Pero para el académico del Programa de Derecho Internacional de la Universidad de Chile y miembro del equipo jurídico nacional en el diferendo con Perú en La Haya, Claudio Troncoso, la única forma de resolver la demanda territorial de Bolivia sería revisando el tratado de 1904, por lo que esta medida judicial “va a poner una piedra en el camino” de la negociación entre ambos países.

“Evidentemente es más difícil generar condiciones de diálogo con los temas que le interesan a la otra parte si lo están demandando en tribunales. Además, por los tiempos de la corte el tema se va a demorar cuatro años como mínimo, así que es un asunto que va a significar un elemento complejo en la relaciones bilaterales”, advirtió.

El rechazo rotundo que ha manifestado el Estado chileno ante una posible salida al mar para Bolivia sería el detonante de esta medida de presión, manifiesta el ex embajador de Chile en Argentina y Perú y académico de la Universidad Diego Portales, Eduardo Rodríguez.

“Su punto no es ser un país desarrollado, lo que ellos quieren es salida al mar, soberana. Y en Chile dicen que por ningún motivo y plantear una tesis en dirección contraria es casi traición a la patria. Nosotros pecamos de exceso de nacionalismo cercano a la xenofobia y con eso nos va a ocurrir lo que nos está pasando, vamos a tener siempre, históricamente, malas relaciones con los vecinos”. 

El diferendo en la Corte Internacional de Justicia de la Haya se extenderá durante años, lo que no imposibilita a ambas naciones el continuar negociando paralelamente. No obstante, los analistas advierten que es muy difícil que se prosiga con el camino del diálogo bilateral mientras persista esta medida jurídica, lo que mantiene en la incertidumbre el deseo de millones de bolivianos.