Beatriz, una joven salvadoreña de 22 años diagnosticada con lupus eritematoso discoide e insuficiencia renal grave, tiene 20 semanas de embarazo de un feto anacéfalo, condición que pone en aun mayor riesgo su vida y la mantiene internada de suma gravedad.

Pero en El Salvador, al igual que en Chile, el aborto es ilegal en todas sus formas y las mujeres que lo practican se arriesgan a duras penas de cárcel, que llegan a los 50 años para ellas y 12 para los médicos que las atienden.

Pese a ello, hasta la Ministra de Salud del país centroamericano ha pedido hacer una excepción en este caso, solicitud que se ha visto frenada por la presión de la Conferencia Episcopal salvadoreña, quienes acusan a las organizaciones pro derechos de la mujer de usar la enfermedad de Beatriz para manipular al Gobierno y abrir paso a la despenalización del aborto en algunos casos.

La familia de Beatriz ha solicitado la intervención de la Corte Constitucional de su país y la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos (CIDH), la que falló a favor de la joven y solicitó al Gobierno de El Salvador que cumpla con el tratamiento recomendado por el comité médico que la atiende e interrumpa su embarazo. Esta resolución aún no ha sido acatada.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que anualmente mueren 40 mil mujeres en el mundo debido a abortos practicados en condiciones de clandestinidad.