El ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, ha sostenido una serie de reuniones y conversaciones con los diputados de la comisión de Constitución, Legislación y Justicia, instancia en la que está radicada la iniciativa, la tercera que se ha presentado y que fue modificada en 2008 a través de una indicación sustitutiva.

Con esto, se cambió totalmente el enfoque del proyecto que estaba en tramitación, lo que ha generado el retraso: Mientras unos abogan por la regulación directa al mercado del lobby, el gobierno insta a generar una “transparencia activa” donde las autoridades publiquen de forma  voluntaria la información.

En este sentido, el diputado UDI, Arturo Squella, planteó sus reparos: “Hay quienes creen que debería existir una nómina de empresas que se dedican al Lobby y el proyecto no lo contempla y sólo contempla las reuniones que tienen las autoridades, y que puedan estar sujetas de Lobby. Para ser bien franco, creo que incluso sumando las dos alternativas no se combate de manera eficiente el Lobby, es difícil de abordar, estamos todos de acuerdo que es una tarea que se tiene que regular, pero es complejo encontrar una solución eficiente”.

El Gobierno argumenta que medidas como contar con una nómina no han tenido éxito en otros países. Los opositores sostienen que tener un registro de lobbystas es fundamental para la fiscalización, sin lo que el proyecto pasa a ser letra muerta.

No obstante, la discusión lleva ya demasiado tiempo sin avances, por lo que los principales opositores han señalado que es necesario llegar a un acuerdo.

En esa línea, el diputado socialista, Marcelo Díaz, señaló que “estamos buscando un acuerdo que nos lleve a un escenario intermedio, y es que el registro se va a constituir de facto por la vía de la publicidad de las audiencias de las autoridades públicas respecto de las cuales se ejerce el Lobby, por esa vía vamos a tener un consolidado de instituciones que hacen Lobby, sea por remuneraciones o por gestiones de intereses particulares. Vamos a intentar alcanzar un acuerdo, porque creo que después de una década discutiendo este proyecto, llegó la hora de que se pronuncien las comisiones y las salas para que Chile cuente con una regulación sobre Lobby. Creo que es un asunto perentorio, de cara a las necesidades del país”.

Este tema ha estado presente en distintos ámbitos. El mismo Rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, ha realizado contundentes llamados a regular el lobby, ya que permite la instalación de intereses privados en áreas relevantes de la vida pública como en la Educación o recientemente la Salud en el caso del Examen único nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom).

Las organizaciones ciudadanas también han seguido muy de cerca el desarrollo del debate. Ese es el caso de Manuel Aris integrante de la Fundación Ciudadano Inteligente.

Por eso, el miembro de la organización no gubernamental señaló que “hay una sensación por parte de la ciudadanía de desconfianza frente a las instituciones públicas, y eso está siendo advertido por las autoridades, por lo tanto, ahora hay una voluntad de poder regularlo. No es una regulación, que nosotros consideremos la óptima, pero sí es un avance porque es necesario regular de una vez por todas una materia tan sensibles, como el Lobby, que es una de las fuentes más grandes de desigualdad política, que es justamente lo que los ciudadanos estamos reclamando respecto de las autoridades. Todos tenemos derecho a ejercer influencia sobre los que toman las decisiones, pero es importante que esa influencia sea transparente”.

Aris afirmó que se ha podido ir abriendo esa falta de voluntad política que imperaba, porque no habían escándalos públicos suficientemente fuertes para destrabar la iniciativa, ni dictámenes internacionales como en el caso de la Corte Interamericana con la Ley de Transparencia. En ese sentido, afirmó que este es el momento de sacar adelante la ley  y dar un paso que nos permita seguir avanzando