El pasado martes 21 de mayo y mientras en Chile nos concentraba el mensaje presidencial de Sebastián Piñera, el gobierno de José Mujica en Uruguay concretó una de sus promesas de campaña, al ingresar al Parlamento su proyecto de Ley de Medios de Comunicación que busca impedir la concentración de la propiedad. Tres días después, y al asumir un nuevo periodo en Ecuador, Rafael Correa anunció que dará nuevos pasos en esa dirección. El pasado fin de semana, la izquierda paraguaya anunció que impulsará en el Congreso su propio proyecto. Como puede verse y sumarse a situaciones que se han producido antes en Venezuela y Argentina, el tema inunda la región, lo que hace especialmente notoria su omisión absoluta, de derecha a izquierda y viceversa, en la discusión presidencial chilena.

Estas tinturas de interés, que ya consolidan una tendencia, dan cuenta del grado de conciencia política de que, como decía Alain Touraine, “los medios de comunicación son la plaza pública de nuestros tiempos”. O, en palabras de Manuel Castells, que los medios ya no son el cuarto poder, sino “el” poder, por cuanto ahí se genera la gran disputa por visibilidad que re-baraja las disputas y las hegemonías.

El trasfondo de esa discusión pasa por situar a la comunicación en el ámbito de los derechos. En el contexto de realidad latinoamericana sobre los medios, se pondrían en pugna dos de ellos. De lo que se trata es decidir si debe primar la libertad de impulsar proyectos de prensa (y empresariales) de los propietarios de los medios, o más bien se debe cautelar el derecho a la información plural por parte de los ciudadanos. Como hemos visto en nuestra región, la desregulación del primero lleva, necesariamente, a la conculcación del segundo.

Esta discusión es exactamente igual a la que, en el caso de la educación chilena, ha puesto en tensión la libertad de enseñanza (de los sostenedores) y el derecho a la educación de los estudiantes y sus familias. Es, por lo tanto e inevitablemente, una discusión ideológica.

Por supuesto esta confrontación no es sencilla y ha producido un interesante debate académico, ciudadano y político en la región sobre cómo conciliar ambas dimensiones: por un lado, una conformación mediática libre, independiente y pluralista que, según la UNESCO, es imprescindible para fomentar la democracia, y, por el otro, los niveles inusitados de concentración de la propiedad de medios y el uso abusivo del término “libertad de expresión”, que es de los ciudadanos, en defensa del interés empresarial por impedir que esta situación se regule.

El debate, a la luz de la experiencia sudamericana, arrastra al plano constitucional y por eso extraña su inexistencia en un Chile donde, precisamente, se ha problematizado la situación de nuestra carta fundamental. Los gobiernos que han impulsado reformas en esa dirección –Argentina, Ecuador, Venezuela- sostienen que no hay democracia posible sin pluralismo mediático. Es decir, que el espacio de amplificación de las voces sociales no debe quedar al arbitrio del mercado, sino que debe ser equilibradamente distribuido en la sociedad. De esta consideración es que ha surgido la idea de repartir la circulación en tres tercios: uno para los medios comerciales, otro para el Estado y el último para las organizaciones de la Sociedad Civil. Así, por ejemplo, es la Ley de Radios aprobada el año pasado en Uruguay, considerada antecedente para el proyecto de Ley de Medios presentado la semana pasada.

Este proceso tiene sus contradicciones y algunas instituciones, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han alertado que puede llevar a un nuevo proceso de concentración, esta vez de carácter estatal.

Más allá de la legitimidad puntual de algunos de estos argumentos, los grandes consorcios mediáticos que operan a la región han reemplazado a la oposición de derecha en su rol de combatir a los gobiernos. Así ocurre con el grupo Prisa, cuyo diario El País, a pesar de ser en principio socialdemócrata, trata mucho mejor a la administración de Piñera que a los de Argentina, Ecuador, Bolivia y Venezuela. En el caso argentino, la guerra del Grupo Clarín contra el gobierno es total e incluso su rostro ancla, el periodista Jorge Lanata, afirmó este sábado a El Mercurio que el verdadero líder de la oposición era él. A ellos se suma, por supuesto, la CNN, acusada de mentir por parte del gobierno de Cristina Fernández y de promover un Golpe de Estado en Venezuela, según Nicolás Maduro.

Este debate cardinal para la profundización de la democracia debe, definitivamente, abrirse en Chile. Aunque deba cautelarse que el Estado no atente contra las libertades ciudadanas, su rol debe ser no dejar a la comunicación masiva en el ámbito del mercado, tal como no debe hacerlo con la educación ni la salud. No hay ninguna razón para promover el fin del Binominal político y, al mismo tiempo, cruzar los brazos ante el Binominal en la prensa escrita, la concentración de la propiedad radial y la entrega total a las lógicas del mercado de la televisión, incluyendo a TVN. Esa hegemonía ha sido clave para mantener el statu quo, porque en estos casos funciona lo que alguna vez dijo Goebbels: no se comunica para decir algo, sino para producir un efecto.