El 3 de enero de 2013 publiqué la columna “Un negocio inmobiliario muy trucho en Santiago”, en el cual dába cuenta de un sinfín de irregularidades y malas prácticas con ocasión del megaproyecto Santiago Down Town, edificándose en la Alameda Bernardo O´Higgins entre San Martín y Amunátegui, en pleno centro de la ciudad de Santiago.

Terminábamos nuestro artículo afirmando que Carolina Tohá, la flamante nueva alcaldesa de la municipalidad más importante del país, iba a impartir las instrucciones de rigor a sus funcionarios para regularizar la situación. Lo expresado públicamente en este medio, con más antecedentes, se llevó a un documento dirigido a ella ingresado en la oficina de partes de la Alcaldía. La egregia destinataria no nos respondió, pero sí lo hizo Josefina Guzmán, Administradora Municipal, quien muy suelta de cuerpo y demostrando una supina ignorancia nos dijo “que todo estaba en orden”. (sic)

Hace dos semanas atrás nos llamó por teléfono un arquitecto, quien decía ser portavoz de una sociedad de inversiones interesada en saber más de este proyecto, pues deseaba comprarlo. Le aclaramos que con gusto responderíamos todas las consultas que nos formulara su mandante y que, para ello, debíamos fijar una reunión, la cual finalmente no se produjo porque dicho arquitecto se hizo humo.

Como ya han transcurrido más de 5 meses, con una Alcaldesa que continúa muda, y dado que los vecinos han estado entregando mayores antecedentes al propio municipio, a la Contraloría General de la República (CGR), a la Corte de Apelaciones de Santiago y finalmente al Ministerio Público; por transparencia nos vemos en la obligación de relatar sumariamente el desarrollo de los hechos posteriores a la publicación de esa columna.

Pues bien, desde marzo pasado, este caso, que se refiere a 7 edificios en altura (de 15 a 25 pisos), está radicado en la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), debido a que su titular, Inmobiliaria Alameda 2001 S.A., fraccionó por etapas su invasivo proyecto, trampa sobradamente conocida en el ámbito inmobiliario, cuyo objetivo es evitar someterlo al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). No ésta demás decir que el ardid de fraccionar proyectos, recordemos HidroAysén, se lo hemos comentado a Rodrigo Pérez Mackenna, Ministro de Vivienda y Urbanismo, con el objeto de que en su sector “ordene la casa”, lo que aparentemente estaría sucediendo.

A raíz de la grosera vulneración de la Ley Ambiental, la comunidad perjudicada ha debido soportar estoicamente una fuerte contaminación acústica (20 decibeles superiores al límite máximo recomendado por la OMS y 15 decibeles sobre el máximo establecido por la norma chilena de ruidos), así como la existencia de emisiones tóxicas. Ello implicó 3 sumarios sanitarios dictados en contra de la Constructora Icafal, por la Seremi de Salud.

Dicha autoridad sectorial además paralizó las obras, pero la prepotente inmobiliaria contravino su decisión, razón por la cual esta transgresión se elevó de la Corte de Apelaciones a la Corte Suprema, ya que un recurso de protección interpuesto por los vecinos no fue acogido, ello en razón a que la Municipalidad de Santiago se negó a entregar a dicha Corte los antecedentes de que disponía, y que acreditaban que la obra no había cumplido, al menos entre enero y febrero de 2013, la paralización dispuesta por la Seremi de Salud.

Así las cosas, ha sido muy difícil para los vecinos enfrentarse a los infractores de la ley y al mismo tiempo a quien debiese proteger el imperio del derecho. En este caso, es evidente que el municipio ha actuado mal, por razones que desconocemos; permitiendo incluso que no se respetara una servidumbre de paso y vehicular hacia la Alameda, a favor de la comunidad afectada, inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS). Con este abuso de poder se viabilizó la actual construcción de dos edificios amparados en el permiso Nº 14.628 de 2010 (Santiago Down Town 4 y 7).

Recientemente, la CGR, en su dictamen N° 28.520, del 08/05/13, dio inicio a un procedimiento disciplinario, pues concluyó que las modificaciones al aludido permiso no se ajustaban a derecho, ya que las necesarias fusiones de terrenos fueron posteriores a la fecha del permiso original y además vulneraron el Plan Regulador Comunal (PRC), en atención a la existencia en esa manzana de un Monumento Histórico (Casa Rivas) con una altura de 3 pisos, la que limita a esta elevación toda nueva construcción. Aunque el lector no lo crea, esta transgresión, sólo en el actual proyecto en construcción, significa 19 y 15 pisos truchos entre ambas torres.

Por otro lado, la Seremi de Vivienda y Urbanismo además detectó otras irregularidades asociadas a subdivisiones de terrenos en proyectos ya terminados y sancionó al arquitecto revisor independiente, cuya misión era justamente asegurar la correcta tramitación de las solicitudes de permisos.

Nada poco esperable para una obra que anteriormente ya tenía una resolución de paralización dictada por la Dirección de Obras Municipales (DOM), por no tener permiso para la instalación de las 3 grúas torre presentes en el lugar, ni medidas de seguridad para evitar la caída de materiales: Aclaramos que esa paralización es consecuencia de un Recurso de Protección ya que no existió fiscalización municipal.

Finalmente, dicha paralización nunca se acató y, pese a los reclamos de vecinos, sólo se dictaron 2 denuncios por dicho incumplimiento, los que actualmente se encuentran archivados sin multa en el cuarto juzgado de policía local, pues fueron ingeniosamente “mal emitidos” por el municipio. Y como un chiste demostrativo del far west imperante en Chile señalamos que la carpeta de fiscalización, con todos los antecedentes del proyecto, fue sustraída por un duende al inspector municipal.

A la fecha, casi un mes después del dictamen de la CGR nada de lo ordenado por ella se ha cumplido y la obra sigue avanzando, pese a ser ilegal y de haber causado tantos daños a la comunidad. La desfachatada inmobiliaria, cuando ofertaba en el mercado sus departamentos, había publicitado una plaza comunitaria para los futuros residentes, la que tampoco existe porque en el espacio asignado se construyó un espigado y lucrativo edificio. Ante este “olvido” quisiéramos que los cándidos compradores vayan al Sernac haciendo valer sus derechos frente a este tipo de engaños.

Esperemos que, dado los pronunciamientos de la CGR y del Seremi de Viviendas y Urbanismo, los funcionarios municipales al menos se pongan nerviosos y consideramos burlesco que se intente cursar un nuevo permiso para tratar de “regularizar” estas ilegalidades. Taxativamente afirmamos que ello no es posible por la restricción normativa impuesta por la localización del Monumento Histórico ya mencionado.

Todos los concejales de Santiago están al tanto de este vergonzoso episodio pues los vecinos afectados les han suministrado los documentos respectivos y solamente la concejala PC, Claudia Pascual, se ha preocupado del caso investigando la situación al interior del municipio. El resto de los concejales brillan por su ausencia ante este abuso de impúdicos mercaderes de la construcción.

Después de este suscinto relato quisiéramos que Carolina Tohá se “ponga las pilas”, ejerciendo en plenitud sus atribuciones legales para evitar, aunque sea extemporáneamente, mayores males y en tal sentido, para llegar rápido a puerto, sería conveniente que ella cuente con la asesoría de los diputados de su sector político, Patricio Hales y Carlos Montes, ya que ambos son expertos en materia de Vivienda y Urbanismo.