Este lunes se desarrollaron los alegatos del recurso de protección que presentaron Luis Mariano Rendón y la Fundación Patrimonio Nuestro, en contra de la versión 2014 del Rally Dakar.

Cabe recordar que la audiencia se debería haber efectuado el pasado jueves 6 de mayo, lo que no se concretó debido a la recusación que el Instituto Nacional del Deporte elevó contra uno de los abogados integrantes de la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones.

Paola González, abogada y vicepresidenta del Colegio de Arqueólogos de Chile, sostuvo que en nuestro país, la destrucción de sitios arqueológicos es un delito que está contemplado en el artículo 38 de la Ley de Monumentos Nacionales.

La única manera de evitar que el titular no caiga en esta figura punitiva, agregó la arqueóloga, es que ingrese el proyecto al sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, “lo que los organizadores de esta competencia deportiva han desestimado”, según aseguró.

En este sentido, la vicepresidenta de los arqueólogos explicó que “la competencia Dakar durante sus cinco versiones sólo en la versión 2010 se hicieron rescates arqueológicos previos y en todas las demás se eliminaron de motu propio del Instituto Nacional del Deporte los rescates arqueológicos y hasta la fecha tenemos un total comprobado de la destrucción de 210 sitios arqueológicos. Acá estamos ante una enorme anomalía en que el Estado chileno no ha tomado ninguna acción efectiva para evitar este daño y ha dejado impune este delito reiterado de destrucción de sitios arqueológicos”.

Entre los requirentes existe malestar por el rol que ha desempeñado el Consejo de Defensa del Estado, órgano a quien se acusa defender la realización del Rally Dakar, en circunstancias que debería perseguir a los responsables de la destrucción de sitios arqueológicos.

“Es evidente el abandono de deberes del CDE”, afirmó Paola González.

La jurista declaró, además, que “ha existido un especial perjuicio contra los pueblos originarios del norte del país”.

Por esto, la dirigente de los arqueólogos de Chile detalló que “acá se han destruido muchos sitios arqueológicos que forman parte del patrimonio cultural de los pueblos indígenas Coya, Atacameño, Aymara. Sin embargo, como no hay línea de base no podemos cuantificarlo. El Estado chileno tiene la obligación de consultar a las comunidades indígenas que vean afectados sus territorios, el medioambiente inserto en él, tanto natural y cultural, pero acá se está dando una carta abierta sin saber cuáles son los efectos de la competencia y que está afectando el patrimonio cultural arqueológico de los pueblos indígenas”.

Los magistrados de la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones dejaron el fallo en estado de acuerdo, es decir, bajo deliberación jurídica, lo que se podría extender por un par de días.

Los requirentes ya adelantaron que si la resolución es desfavorable, recurrirán a la Corte Suprema.