La Ley de Pesca establece la creación de un comité científico-técnico por cada región del país, y un comité con carácter nacional. Cada uno está formado por 9 expertos, que estarán encargados de concluir cuál es la cuota de explotación que permita la sostenibilidad de los recursos pesqueros. Se supone que estos comités científico-técnicos tendrán cierta preeminencia sobre las decisiones políticas, para así intentar revertir la situación de sobre-explotación en que se encuentra el jurel, la anchoveta, la merluza común, la sardina y bacalao, entre otras pesquerías que están al borde del colapso.
Los comités deberían estar vigentes en agosto; es decir, 6 meses después que la Ley de Pesca entrara en vigencia el 9 de febrero pasado.
El profesor de la Facultad de Ciencias Forestales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción, doctor Hugo Arancibia, duda que estos comités puedan efectivamente tomar decisiones vinculantes para garantizar la sustentabilidad de la biodiversidad marina en Chile, y recuperar la actual situación de sobre-explotación generada por intereses extractivos, tanto la pesca industrial como artesanal.
En este sentido, el académico señaló que “los comités científicos funcionaron el año pasado discrecionalmente de acuerdo al llamado del subsecretario, pero eso viene hace 15 años atrás estaban funcionando los últimos años bastante regularmente, pero lo que tiene que ver con el proceso de constitución de comité científico técnico por pesquería en el marco de la nueva Ley de Pesca, hay cero. No sé si eso tiene que ver con transparencia o no. La Ley de Pesca en definitiva consagra la propiedad de un bien común como una propiedad privada y en la práctica va a ser escasamente operativa, porque tiene demasiados atajos legales”.
El “escepticismo” del profesor Arancibia se funda en el llamado “componente social” de la Ley de Pesca, lo que permitiría actuar con “discrecionalidad política”. Algo similar a lo que ha sucedido hasta ahora con las recomendaciones técnicas del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP).
Una opinión más optimista sobre los comités científico-técnicos tiene el profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral, doctor Julio Lamilla, quien sin embargo llama la atención sobre el hecho de que los candidatos presidenciales no se pronuncien sobre los temas que quedaron pendientes en la nueva Ley de Pesca.
En esa línea, el profesor Julio Lamilla indicó que “quedan bastantes cosas pendientes. Estamos hablando de comités técnicos científicos, pero este tipo de comités también tienen que hacer investigación y la investigación en este momento está prácticamente supeditada al Instituto de Fomento Pesquero, algunas iniciativas que hacen las universidades por su cuenta, pero no hay una política de investigación pesquera o más que eso, no hay recursos para investigación pesquera en cada uno de estos tópicos”.
Respecto del silencio de la subsecretaría de Pesca, desde donde declinaron referirse al tema al asegurar que se encuentran dentro de plazo, el diputado de la Comisión de Pesca, Cristian Campos, llama la atención sobre la falta de transparencia de los criterios de selección de integrantes de comités científico-técnicos.
La crítica del parlamentario es compartida además por el Consejo Nacional de Defensa de la Pesca (CONDEPP), que agrupa a más de 50 mil pescadores artesanales. Se cuestiona la falta de transparencia del Gobierno respecto de la elaboración de los reglamentos de la Ley de Pesca, mediante los cuales se crearán estos comités.
La Ley de Pesca establece la creación de un comité científico-técnico por cada región del país, y un comité con carácter nacional. Cada uno está formado por 9 expertos, que estarán encargados de concluir cuál es la cuota de explotación que permita la sostenibilidad de los recursos pesqueros. Se supone que estos comités científico-técnicos tendrán cierta preeminencia sobre las decisiones políticas, para así intentar revertir la situación de sobre-explotación en que se encuentra el jurel, la anchoveta, la merluza común, la sardina y bacalao, entre otras pesquerías que están al borde del colapso.
Los comités deberían estar vigentes en agosto; es decir, 6 meses después que la Ley de Pesca entrara en vigencia el 9 de febrero pasado.
El profesor de la Facultad de Ciencias Forestales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción, doctor Hugo Arancibia, duda que estos comités puedan efectivamente tomar decisiones vinculantes para garantizar la sustentabilidad de la biodiversidad marina en Chile, y recuperar la actual situación de sobre-explotación generada por intereses extractivos, tanto la pesca industrial como artesanal.
En este sentido, el académico señaló que “los comités científicos funcionaron el año pasado discrecionalmente de acuerdo al llamado del subsecretario, pero eso viene hace 15 años atrás estaban funcionando los últimos años bastante regularmente, pero lo que tiene que ver con el proceso de constitución de comité científico técnico por pesquería en el marco de la nueva Ley de Pesca, hay cero. No sé si eso tiene que ver con transparencia o no. La Ley de Pesca en definitiva consagra la propiedad de un bien común como una propiedad privada y en la práctica va a ser escasamente operativa, porque tiene demasiados atajos legales”.
El “escepticismo” del profesor Arancibia se funda en el llamado “componente social” de la Ley de Pesca, lo que permitiría actuar con “discrecionalidad política”. Algo similar a lo que ha sucedido hasta ahora con las recomendaciones técnicas del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP).
Una opinión más optimista sobre los comités científico-técnicos tiene el profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral, doctor Julio Lamilla, quien sin embargo llama la atención sobre el hecho de que los candidatos presidenciales no se pronuncien sobre los temas que quedaron pendientes en la nueva Ley de Pesca.
En esa línea, el profesor Julio Lamilla indicó que “quedan bastantes cosas pendientes. Estamos hablando de comités técnicos científicos, pero este tipo de comités también tienen que hacer investigación y la investigación en este momento está prácticamente supeditada al Instituto de Fomento Pesquero, algunas iniciativas que hacen las universidades por su cuenta, pero no hay una política de investigación pesquera o más que eso, no hay recursos para investigación pesquera en cada uno de estos tópicos”.
Respecto del silencio de la subsecretaría de Pesca, desde donde declinaron referirse al tema al asegurar que se encuentran dentro de plazo, el diputado de la Comisión de Pesca, Cristian Campos, llama la atención sobre la falta de transparencia de los criterios de selección de integrantes de comités científico-técnicos.
La crítica del parlamentario es compartida además por el Consejo Nacional de Defensa de la Pesca (CONDEPP), que agrupa a más de 50 mil pescadores artesanales. Se cuestiona la falta de transparencia del Gobierno respecto de la elaboración de los reglamentos de la Ley de Pesca, mediante los cuales se crearán estos comités.
La Ley de Pesca establece la creación de un comité científico-técnico por cada región del país, y un comité con carácter nacional. Cada uno está formado por 9 expertos, que estarán encargados de concluir cuál es la cuota de explotación que permita la sostenibilidad de los recursos pesqueros. Se supone que estos comités científico-técnicos tendrán cierta preeminencia sobre las decisiones políticas, para así intentar revertir la situación de sobre-explotación en que se encuentra el jurel, la anchoveta, la merluza común, la sardina y bacalao, entre otras pesquerías que están al borde del colapso.
Los comités deberían estar vigentes en agosto; es decir, 6 meses después que la Ley de Pesca entrara en vigencia el 9 de febrero pasado.
El profesor de la Facultad de Ciencias Forestales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción, doctor Hugo Arancibia, duda que estos comités puedan efectivamente tomar decisiones vinculantes para garantizar la sustentabilidad de la biodiversidad marina en Chile, y recuperar la actual situación de sobre-explotación generada por intereses extractivos, tanto la pesca industrial como artesanal.
En este sentido, el académico señaló que “los comités científicos funcionaron el año pasado discrecionalmente de acuerdo al llamado del subsecretario, pero eso viene hace 15 años atrás estaban funcionando los últimos años bastante regularmente, pero lo que tiene que ver con el proceso de constitución de comité científico técnico por pesquería en el marco de la nueva Ley de Pesca, hay cero. No sé si eso tiene que ver con transparencia o no. La Ley de Pesca en definitiva consagra la propiedad de un bien común como una propiedad privada y en la práctica va a ser escasamente operativa, porque tiene demasiados atajos legales”.
El “escepticismo” del profesor Arancibia se funda en el llamado “componente social” de la Ley de Pesca, lo que permitiría actuar con “discrecionalidad política”. Algo similar a lo que ha sucedido hasta ahora con las recomendaciones técnicas del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP).
Una opinión más optimista sobre los comités científico-técnicos tiene el profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral, doctor Julio Lamilla, quien sin embargo llama la atención sobre el hecho de que los candidatos presidenciales no se pronuncien sobre los temas que quedaron pendientes en la nueva Ley de Pesca.
En esa línea, el profesor Julio Lamilla indicó que “quedan bastantes cosas pendientes. Estamos hablando de comités técnicos científicos, pero este tipo de comités también tienen que hacer investigación y la investigación en este momento está prácticamente supeditada al Instituto de Fomento Pesquero, algunas iniciativas que hacen las universidades por su cuenta, pero no hay una política de investigación pesquera o más que eso, no hay recursos para investigación pesquera en cada uno de estos tópicos”.
Respecto del silencio de la subsecretaría de Pesca, desde donde declinaron referirse al tema al asegurar que se encuentran dentro de plazo, el diputado de la Comisión de Pesca, Cristian Campos, llama la atención sobre la falta de transparencia de los criterios de selección de integrantes de comités científico-técnicos.
La crítica del parlamentario es compartida además por el Consejo Nacional de Defensa de la Pesca (CONDEPP), que agrupa a más de 50 mil pescadores artesanales. Se cuestiona la falta de transparencia del Gobierno respecto de la elaboración de los reglamentos de la Ley de Pesca, mediante los cuales se crearán estos comités.
