Cuando pensamos en las elecciones presidenciales y nos acercamos a las urnas para depositar ya sea nuestro apoyo o nuestro descontento, nos llenamos de incertidumbres respecto de cuáles son las promesas de campaña versus las promesas que se cumplirán.

Al aproximarse la fecha de las elecciones presidenciales, todos los candidatos corren uno de los maratones más grandes de sus vidas para lograr conseguir votos. Visitan lugares en riesgo social, toman once en campamentos, visitan las ferias libres, se mezclan como pocas veces en el año con los sectores más vulnerables de toda nuestra larga y angosta faja de tierra.

Cada uno de ellos, de una u otra manera, buscan a través de cualquier medio, el convencimiento de que transformarán a Chile en un país igualitario, y eso no es solamente en esta campaña sino que lo ha sido en todas las anteriores.

En el diccionario de la Real Academia Española, podemos indagar durante unos segundos en el significado de la palabra Igualdad: Principios que reconoce a todos los ciudadanos con capacidad para los mismos derechos.

La ley de voto asistido entró en vigencia el 8 junio del año 2007, sin embargo fue recién en octubre del año 2009 que la ley fue estrenada en la práctica.

Publicada el 8 de junio de 2007, la Ley 20.183 modificó la Ley orgánica constitucional 18.700 sobre votaciones populares y escrutinios, reconociendo el derecho a la asistencia en el acto de votar para las personas con discapacidad. El proyecto de ley tuvo su origen en una moción del año 2004 presentada por los diputados independientes Alejandra Sepúlveda, Pedro Araya y Carlos Olivares, el DC Pablo Lorenzini y los ex diputados Waldo Mora y Patricio Cornejo, de la misma colectividad.

Con la promulgación de la Ley 20.183 se garantizó el derecho de sufragio a las personas con discapacidad, eliminando obstáculos para que este acto pueda ser realizado en forma autónoma, promoviendo de esta forma la participación política de ciudadanos con discapacidad, quien tiene derecho a:

Un acceso expedito y adecuado al local de votación
A ser asistido en el acto de votar
A ser acompañados hasta la mesa receptora de sufragios
A elegir libremente al asistente o acompañante
A emplear un tiempo razonable para sufragar
A ser acompañados por el presidente de la mesa
Y a sufragar en forma libre

Asimismo, se establecen sanciones para quienes impidan, obstaculicen, dificulten o presionen a la persona discapacitada o a su asistente, al momento de la votación.

En relación a esto, FONADIS (Fondo Nacional de la Discapacidad) comenzó a partir de abril de 2008 una campaña a nivel nacional para promover el voto asistido para las personas con discapacidad en las elecciones municipales de octubre de ese año.

Sin embargo, este domingo, recibí muchos comentarios en torno a las personas con discapacidad que se acercaron al lugar de votación y no fueron correctamente asistidos.

Unos paneles blancos, donde apenas podía acceder una silla de ruedas, entraba el cuerpo y la mitad de la silla quedaba fuera. Las personas que sufragaron en silla de ruedas no alcanzaban el mesón para poder votar porque estaba a una altura no adecuada para ellos, las cortinas no podían cerrarse lo que le impedía estar tranquilamente cumpliendo su deber cívico.

He escuchado y leído muchísimas de las propuestas presidenciales en torno a las personas con discapacidad, promesas de transporte gratuito, de apoyo a la inserción laboral, de compromiso con una educación inclusiva, y así muchas otras.

Mi pregunta para todos los candidatos presidenciales es: ¿Están en conocimiento de que existe una ley de número 20.422 que no es respetada ni fiscalizada?

¿De qué nos sirve para personas con discapacidad escuchar promesas de campaña de todo tipo si la ley que existe actualmente no se ha llevado a cabo?

¿Alguno de los candidatos sabe cuál es la función y los derechos de un usuario con perro de asistencia?

¿Alguno de los candidatos sabe que el único párrafo en la ley de discapacidad que no tiene fecha de vigencia es el relacionado con educación?

¿Alguno de ustedes sabe que la rehabilitación es una OBLIGACIÓN del Estado?

Señores, si ustedes fiscalizan, respetan, se informan y llevan a cabo lo que la ley indica, no nos están haciendo ningún favor, solamente están cumpliendo con su deber.

Los invito a leer a todos los candidatos presidenciales la prevalencia de las personas con discapacidad que hay en este país, somos más de 2 millones y medio de personas que no queremos promesas, ¡no más! ¡basta!, no las necesitamos. Necesitamos que la ley se lleve a cabo.

Estoy absolutamente segura que si alguno de ustedes tuviera algún pariente con discapacidad, este tema sería prioritario en su agenda. Ninguno de ustedes está libre de necesitar que la ley 20.422 se respete y se fiscalice.

El objetivo de ustedes está puesto en noviembre, mi objetivo está puesto en que ustedes cumplan.