El mes pasado, el Contralor General Ramiro Mendoza presentó en la comisión investigadora “del lucro 2” de la Cámara de Diputados un informe que, aseguró, detectaba una serie de irregularidades en fundaciones de las Universidades de Chile y de Santiago.
Las observaciones principalmente tenían relación con contrataciones sin resguardos o sin contratos y supuestos conflictos de interés. Por esto, los rectores de ambos planteles acudieron a la comisión a exponer sus puntos de vista.
Víctor Pérez, principal autoridad de nuestra casa de estudios, explicó que “la situación actual coloca a las universidades estatales en una condición de franca desventaja respecto de las universidades privadas, que no tienen ninguna limitación legal para constituir este tipo de figuras, situación que obliga a revisar la estructura legal y las formas de organización permitida para las universidades estatales”.
En esto coincidió el rector de la USACH, Juan Manuel Zolezzi, que, junto con asegurar que las universidades del CRUCH no lucran, describió la difícil competencia que se establece para los establecimientos públicos.
“Las universidades del Estado, a diferencia de otros servicios públicos, se encuentran obligadas a competir en el mercado para autofinanciarse. Esa ha sido la lógica que se ha dado desde el año 1981. Tenemos que competir en un mercado que no conocemos y lo hacemos con las manos y los pies amarrados, los ojos vendados y con una piedra arrastrando. Pero tenemos que competir, porque si no competimos somos malos, además”, detalló.
Ambos rectores señalaron que las fundaciones y otras instancias están constituidas de manera formal y que hay instancias internas de fiscalización, por lo que plantearon la necesidad de aumentar la investigación a figuras como Corporaciones o las llamadas empresas Spin-Off.
El rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, resumió lo expuesto por sus colegas, en la línea de que el Estado se comprometa con la educación pública, pero también investigue todos los fondos que se entreguen para la formación.
“Yo creo que el déficit más grande que tenemos es que gran parte de quienes estudian en la educación superior carecen del respaldo del Estado mediante una institucionalidad fuerte, que garantice los derechos de los estudiantes. Yo no estoy por restringir las facultades de la Contraloría General de la República, sino por ampliarlas. Y creo que una misión de esta comisión es que se proponga hacerlo, para toda entrega de recursos públicos para educación a toda institución pública”, expuso.
Por esto, la diputada independiente Alejandra Sepúlveda, manifestó la necesidad de que los rectores hagan llegar sus propuestas para mejorar la institucionalidad en el ramo.
“Esto tiene que ver con el funcionamiento de la República, de la constitución en esencia del Estado, entonces hay una serie de valores que están implícitos en esto. Por eso a mí me interesaría mucho, como lo planteó el rector Pérez, ir chequeando lo que tiene que ver con la ley de presupuesto y si existen algunas otras ideas que ustedes tengan, que pudiésemos hacer a corto y mediano plazo, para precisamente proteger y fortalecer la institucionalidad pública en la educación superior”, dijo la parlamentaria.
La comisión, que tiene ya una agenda programada, quedó de buscar una fecha en que Zolezzi y el contralor Mendoza, puedan exponer estos antecedentes y visiones.
El mes pasado, el Contralor General Ramiro Mendoza presentó en la comisión investigadora “del lucro 2” de la Cámara de Diputados un informe que, aseguró, detectaba una serie de irregularidades en fundaciones de las Universidades de Chile y de Santiago.
Las observaciones principalmente tenían relación con contrataciones sin resguardos o sin contratos y supuestos conflictos de interés. Por esto, los rectores de ambos planteles acudieron a la comisión a exponer sus puntos de vista.
Víctor Pérez, principal autoridad de nuestra casa de estudios, explicó que “la situación actual coloca a las universidades estatales en una condición de franca desventaja respecto de las universidades privadas, que no tienen ninguna limitación legal para constituir este tipo de figuras, situación que obliga a revisar la estructura legal y las formas de organización permitida para las universidades estatales”.
En esto coincidió el rector de la USACH, Juan Manuel Zolezzi, que, junto con asegurar que las universidades del CRUCH no lucran, describió la difícil competencia que se establece para los establecimientos públicos.
“Las universidades del Estado, a diferencia de otros servicios públicos, se encuentran obligadas a competir en el mercado para autofinanciarse. Esa ha sido la lógica que se ha dado desde el año 1981. Tenemos que competir en un mercado que no conocemos y lo hacemos con las manos y los pies amarrados, los ojos vendados y con una piedra arrastrando. Pero tenemos que competir, porque si no competimos somos malos, además”, detalló.
Ambos rectores señalaron que las fundaciones y otras instancias están constituidas de manera formal y que hay instancias internas de fiscalización, por lo que plantearon la necesidad de aumentar la investigación a figuras como Corporaciones o las llamadas empresas Spin-Off.
El rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, resumió lo expuesto por sus colegas, en la línea de que el Estado se comprometa con la educación pública, pero también investigue todos los fondos que se entreguen para la formación.
“Yo creo que el déficit más grande que tenemos es que gran parte de quienes estudian en la educación superior carecen del respaldo del Estado mediante una institucionalidad fuerte, que garantice los derechos de los estudiantes. Yo no estoy por restringir las facultades de la Contraloría General de la República, sino por ampliarlas. Y creo que una misión de esta comisión es que se proponga hacerlo, para toda entrega de recursos públicos para educación a toda institución pública”, expuso.
Por esto, la diputada independiente Alejandra Sepúlveda, manifestó la necesidad de que los rectores hagan llegar sus propuestas para mejorar la institucionalidad en el ramo.
“Esto tiene que ver con el funcionamiento de la República, de la constitución en esencia del Estado, entonces hay una serie de valores que están implícitos en esto. Por eso a mí me interesaría mucho, como lo planteó el rector Pérez, ir chequeando lo que tiene que ver con la ley de presupuesto y si existen algunas otras ideas que ustedes tengan, que pudiésemos hacer a corto y mediano plazo, para precisamente proteger y fortalecer la institucionalidad pública en la educación superior”, dijo la parlamentaria.
La comisión, que tiene ya una agenda programada, quedó de buscar una fecha en que Zolezzi y el contralor Mendoza, puedan exponer estos antecedentes y visiones.
El mes pasado, el Contralor General Ramiro Mendoza presentó en la comisión investigadora “del lucro 2” de la Cámara de Diputados un informe que, aseguró, detectaba una serie de irregularidades en fundaciones de las Universidades de Chile y de Santiago.
Las observaciones principalmente tenían relación con contrataciones sin resguardos o sin contratos y supuestos conflictos de interés. Por esto, los rectores de ambos planteles acudieron a la comisión a exponer sus puntos de vista.
Víctor Pérez, principal autoridad de nuestra casa de estudios, explicó que “la situación actual coloca a las universidades estatales en una condición de franca desventaja respecto de las universidades privadas, que no tienen ninguna limitación legal para constituir este tipo de figuras, situación que obliga a revisar la estructura legal y las formas de organización permitida para las universidades estatales”.
En esto coincidió el rector de la USACH, Juan Manuel Zolezzi, que, junto con asegurar que las universidades del CRUCH no lucran, describió la difícil competencia que se establece para los establecimientos públicos.
“Las universidades del Estado, a diferencia de otros servicios públicos, se encuentran obligadas a competir en el mercado para autofinanciarse. Esa ha sido la lógica que se ha dado desde el año 1981. Tenemos que competir en un mercado que no conocemos y lo hacemos con las manos y los pies amarrados, los ojos vendados y con una piedra arrastrando. Pero tenemos que competir, porque si no competimos somos malos, además”, detalló.
Ambos rectores señalaron que las fundaciones y otras instancias están constituidas de manera formal y que hay instancias internas de fiscalización, por lo que plantearon la necesidad de aumentar la investigación a figuras como Corporaciones o las llamadas empresas Spin-Off.
El rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, resumió lo expuesto por sus colegas, en la línea de que el Estado se comprometa con la educación pública, pero también investigue todos los fondos que se entreguen para la formación.
“Yo creo que el déficit más grande que tenemos es que gran parte de quienes estudian en la educación superior carecen del respaldo del Estado mediante una institucionalidad fuerte, que garantice los derechos de los estudiantes. Yo no estoy por restringir las facultades de la Contraloría General de la República, sino por ampliarlas. Y creo que una misión de esta comisión es que se proponga hacerlo, para toda entrega de recursos públicos para educación a toda institución pública”, expuso.
Por esto, la diputada independiente Alejandra Sepúlveda, manifestó la necesidad de que los rectores hagan llegar sus propuestas para mejorar la institucionalidad en el ramo.
“Esto tiene que ver con el funcionamiento de la República, de la constitución en esencia del Estado, entonces hay una serie de valores que están implícitos en esto. Por eso a mí me interesaría mucho, como lo planteó el rector Pérez, ir chequeando lo que tiene que ver con la ley de presupuesto y si existen algunas otras ideas que ustedes tengan, que pudiésemos hacer a corto y mediano plazo, para precisamente proteger y fortalecer la institucionalidad pública en la educación superior”, dijo la parlamentaria.
La comisión, que tiene ya una agenda programada, quedó de buscar una fecha en que Zolezzi y el contralor Mendoza, puedan exponer estos antecedentes y visiones.
