Este martes la comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara votará nuevamente los artículos más importantes del proyecto que busca establecer el ocultamiento como una circunstancia agravante.

Más conocida como Ley Antiencapuchados, la iniciativa se revisará nuevamente, producto del empate que se registró la semana pasada en casi todos los artículos, incluido el central, que aumenta las penas a quienes agredan a funcionarios policiales con su rostro cubierto.

Sólo dos indicaciones fueron aprobadas. Una que explicita que los miembros de Carabineros, la PDI y Gendarmería serán comprendidos dentro de la normativa y otra que sanciona a quienes impidan el libre tránsito de vehículos de emergencia.

El diputado DC René Saffirio, integrante del comité parlamentario, señaló que “tanto el proyecto original, como el 20 veces reformado por el ministerio del Interior, establecen tipos delictivos ya contemplados en la legislación común”.

Además, agregó el legislador, crea tipos delictivos que son “completamente absurdos”, sancionando a personas, por ejemplo, que quieran cubrir su rostro para protegerse del frío.

“Hay muchos aspectos cuestionables que, en general, tienen que ver con el rol de la policía en las manifestaciones sociales, con la libertad de reunión y con la libertad de expresión. Son cuestionamientos que ha hecho tanto Amnistía Internacional como académicos de las facultades de Derecho de distintas universidades. Ese proyecto no tiene ningún destino. Al leerlo, por respeto, uno tiene que contener la risa, porque no tiene ninguna rigurosidad jurídica, ni bajo una lupa”, indicó.

Saffirio aseguró que, mediante este texto, “el Gobierno sólo ha buscado amedrentar a los movimientos sociales”.

Sobre las críticas que ponen en duda el resguardo de la libertad de reunión y manifestación, el presidente de la comisión, el RN Cristián Monckeberg, indicó que “siempre se encuentran disculpas”.

“Cuando se presentó este proyecto de ley, hace seis meses, se dijo que era malo y no cumplía con lo mínimo. Posteriormente, el Gobierno lo arregló muchísimo y sacó muchas normas que se consideraron excesivas. Se sanciona exclusivamente a quienes hagan barricadas, a quienes interrumpan el libre tránsito y también a quienes cometan delitos con el rostro cubierto. Eso no entorpece, criminaliza ni complica a nadie”, dijo.

El parlamentario oficialista reconoció que muy difícilmente el proyecto sea aprobado, ya que “en año electoral nadie querrá darle el visto bueno”.

El también integrante de la comisión revisora, el PPD Gustavo Ceroni, negó que la oposición sea contraria a resguardar el orden público, argumento esgrimido por los congresistas de la Alianza: “El Gobierno y la policía tienen suficientes herramientas para mantener el orden público. Un proyecto de esta naturaleza va en contra de la libertad para manifestarse tranquilamente y va a atentar contra el libre derecho a expresar opiniones en marchas o movimientos ciudadanos, como debe ser un país democrático. Creemos que este proyecto atenta contra eso”, afirmó.

La votación del martes pasado estuvo marcada por los empates. Seis votos a favor y seis en contra motivaron la postergación, pese a que la oposición es mayoría en esta instancia.

Si este martes asiste el DC Matías Walker, ausente en dicha ocasión, el proyecto pasaría a sala con un informe negativo. En el hemiciclo, según concordaron todos los parlamentarios, “muy difícilmente” se apruebe este polémico mensaje presidencial, que ha sido duramente cuestionado desde el mundo social.