El proyecto de ley anunciado por el Presidente Sebastián Piñera que establecería la identificación preventiva no dejó a nadie indiferente. La iniciativa pensada para regular las marchas y disminuir los focos de violencia ya ha generado diversas opiniones.

Los opositores al control preventivo señalan que esta medida, enunciada con posterioridad a los episodios de barricadas y encapuchados suscitados en la multitudinaria marcha estudiantil de este miércoles, pondría en entredicho derechos como la libertad de manifestación y la presunción de inocencia de sus participantes.

El Presidente Piñera se adelantó a estos cuestionamientos, señalando que no se trata de “restringir la libertad” sino que “todo lo contrario, es para proteger mejor la libertad de la inmensa mayoría de chilenos que queremos vivir en paz y no permitir que un puñado de delincuentes se sienta con el derecho de pasar por encima de la libertad de todos los chilenos y chilenas”.

Para el presidente de la comisión de Constitución, Legislación y Justicia, diputado Cristián Mockeberg, no se trata de una medida que atente contra los estudiantes, sino que busca aislar a aquellos que se encapuchan y ejercen la violencia.

“No estamos sancionando a quienes van a la manifestación, a quien se tome un colegio, no estamos cometiendo ningún atropello a alguna libertad, estamos simplemente permitiendo que, con legislaciones de este tipo, no se cometan delitos. A nadie le gustan los encapuchados, a nadie le gusta que le rompan o le saqueen la casa o el negocio los encapuchados. Yo soy de la idea de impedirlo, eso no puede ocurrir”, justificó.

Pero Lorena Fríes, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), no se mostró partidaria de la medida. “Tal como se ha anunciado, llama a la preocupación porque podrían estar involucrados varios derechos y garantías de las personas, que van desde presunción de inocencia hasta libertad de circulación”, explicó.

“Me parece además que es empezar al revés este debate. Creo que podemos discutir sobre legislación de orden público, pero primero regulemos la manifestación a nivel legal, no tengamos ese decreto de la época de la dictadura y después veamos cómo modernizar nuestras leyes de orden público de manera de hacer de ésta una ciudad más democrática”, expresó.

La mayor preocupación de Iván Borcoski, secretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades, es que “en términos legales, nos retrotrae a una situación anterior, porque ya no existe control de identidad. Hace bastante tiempo que Carabineros no puede, como podía hacer antes, simplemente pararte en la calle y hacerte control de identidad. Por lo menos lo que hemos conversado con el presidente de la Asociación es que estos proyectos nos parece que son un retroceso”.

En tanto, para los estudiantes esto refleja una “política clara de represión por parte de los gobiernos de la derecha, tanto como de la Concertación en su tiempo, de aplicar represión cuando se ve que no tienen otra forma de contener la movilización, pero no dan salida tampoco a través de los canales que existen, entonces se establecen mecanismos para reprimir cada vez más”, afirmó Javier Miranda, Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción.

“Nosotros rechazamos profundamente esas posiciones: la única forma de solucionar los conflictos que tenemos no es con la represión, sino que recuperando los recursos”, enfatizó el estudiante.

En este contexto, hay que ver cuál es la decisión final del Ejecutivo de enviar o no la propuesta al Parlamento. Cabe señalar que, respecto de los proyectos que se encuentran en el Parlamento que siguen esta misma línea, a mediados de la próxima semana se vota en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia la ley “encapuchados”.