Este martes concluyó la etapa de preparación del juicio oral contra las nueves personas formalizadas por la “toma” de la sede Santiago del Congreso, ocupación realizada el 20 de octubre de 2011 en la que participaron alrededor de 100 manifestantes.

El juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Ponciano Sallés, desestimó una cantidad importante de registros audiovisuales y testimonios presentados por el Ministerio Público.

Junto con ello, resolvió citar, en calidad de testigos, a los senadores oficialistas Alberto Espina (RN), Lily Pérez (RN) y la parlamentaria designada Ena von Baer (UDI), además de los legisladores de oposición Andrés Zaldívar (DC), Alejandro Navarro (MAS), Carlos Montes (PS) y Pepe Auth (PPD).

Isaac Gajardo, ex presidente del Centro de Alumnos del liceo de Aplicación y uno de los formalizados, señaló que “el Gobierno prefirió criminalizar esta acción en lugar de entender las razones por las que se ocupó, pacíficamente, la sede del Poder Legislativo en Santiago”.

En este sentido, el dirigente secundario señaló que “ocupamos el Congreso exigiendo la realización de un plebiscito para ver los problemas de educación, los problemas de salud y finalmente para convocar a una Asamblea Constituyente. Ese era el objetivo de la toma del Congreso, y qué hace el Poder, nos criminaliza, nos manda a un juicio e intenta borrar las peticiones que nosotros teníamos al momento de hacer la ocupación. Por eso, la toma la hicimos no sólo estudiantes, sino que participaron ecologistas y diversos movimientos sociales”.

Cabe recordar que la toma del Congreso se produjo en momentos en que el movimiento estudiantil consolidaba su alta aprobación ciudadana, situación contraria a la que vivía el ministro de Educación de la época, Felipe Bulnes.

La ocupación se concretó justo cuando el secretario de Estado encabezaba la negociación con la comisión mixta que analizaba las partidas de Educación para el Presupuesto 2012.

Luis Mariano Rendón, activista medioambiental y otro de los nueve imputados, aseguró, en su calidad de abogado, que la acusación del Ministerio Público carece de sustento jurídico.

Por eso, el dirigente ecologista explicó que “el interrumpir sesiones fue expresamente excluido del delito de desacato, todos estos delitos fueron reformados en 2005, precisamente para reducir la criminalización de la protesta social y se excluyó expresamente durante la discusión de la ley, el interrumpir las sesiones. Lo que quedó sancionado fue el impedir la realización de sesiones, que es distinto, es decir, usar fuerza física al punto de paralizar el funcionamiento institucional del país”.

El Ministerio Público solicita una pena de 200 días de presidio menor en su grado mínimo para los dos adultos y 100 horas de trabajo comunitario para los siete menores de edad formalizados.

El comienzo del juicio oral se fijó para el lunes 14 de octubre a partir de las 9:00 de la mañana.