El telón de fondo del proyecto de ley de concesiones eléctricas es el interés de dos megaproyectos eléctricos que están en carpeta y necesitan facilidad legal para concretarse: Uno es el de las 5 represas que HidroAysén quiere construir en los ríos Pascua y Baker, y el otro es el de las 3 represas que la firma Energía Austral quiere instalar en el río Cuervo. Ambos buscan asentarse en la región de Aysén para producir 2.750 megawatts (MW) y 1000 MW, respectivamente. Para dimensionar, sirve decir que a la fecha el proyecto eléctrico más grande es la represa Pangue, con 640 MW.
Para agilizar iniciativas de tal envergadura, el proyecto del Gobierno buscaba cambiar el Decreto con Fuerza de Ley (DFL) Nº 4 sobre Ley General de Servicios Eléctricos, de 1982: Primero, para que sólo los “propietarios de terrenos” y no los “interesados o afectados” tengan derecho de acudir a la Justicia para oponerse a un proyecto (esto debilitaba la posición del Turismo u otros usos del territorio); y segundo, para que el derecho a consulta de los indígenas -fijado en el Convenio 169 de la OIT- no sea válido antes de que se dé una concesión a una empresa, sino sólo antes de que se vaya a construir un proyecto.
El texto, que se tramita en la categoría de “suma urgencia” (o sea, cada cámara debe despacharlo en 15 días), está en tercer trámite parlamentario y ahora deberá ser visto por una comisión mixta de diputados y senadores, porque fue rechazado en la Cámara Baja. El diputado de la UDI, Manuel Rojas, dijo que el derecho a consulta puede entorpecer a los proyectos:
“Lo que queremos es agilizar, y si una consulta entorpece los procedimientos a causa de un requerimiento mayor de instancias judiciales, ciertamente que eso va a entorpecer respecto de lo que es el espíritu de este proyecto de ley de concesiones eléctricas. Hoy, lo que necesitamos como país es agilizar la solución a un problema que tenemos a la vista. Por otro lado, el acuerdo marco que nosotros tenemos desde el punto de vista internacional sobre consulta, ya lo dicta una norma en el acuerdo que firmó Chile (Convenio 169 de la OIT). Por lo tanto, ante esa circunstancia, ya está presentado como corresponde, y por eso no podemos entramparnos en el tema de si le preguntamos antes o le preguntamos después”, dijo el parlamentario.
En contrapartida, el director de la ONG Ecosistemas, Juan Pablo Orrego, celebró el rechazo a las indicaciones con que Gobierno de Sebastián Piñera buscaba limitar derechos ciudadanos ante proyectos eléctricos.
“A mí me parece que el panorama en general es súper adverso para el Gobierno, que pensaba que esto iba a ser una aplanadora, y eso no está ocurriendo. Sin duda que aquí hay influencias muy positivas e importantes de la sociedad civil, de personas y organizaciones que han estado trabajando a punto fijo en el Parlamento para que no se permitiera pasar una ley tan adversa para la ciudadanía”, expresó Orrego.
Otra ambición no atendida en el proyecto legal era mayor resguardo al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE), porque ya se han instalado proyectos eléctricos dentro de parques nacionales y reservas. Desde la mirada experta, el profesor de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, doctor Eduardo Astorga, dice los proyectos deberían presentar alternativas.
“Cuando uno evalúa, lo hace contra una alternativa. Evaluar sin alternativas, al menos para los proyectos lineales, por ejemplo, es imposible. En tal caso no hay en definitiva una evaluación propiamente tal. El establecimiento de alternativas posibles para un proyecto de emplazamiento de tecnología, y la fundamentación ambiental de por qué se escogió esa alternativa, constituye un elemento que el modelo chileno no tiene, y que debería introducir. Es decir, a la evaluación ambiental de Chile, como se dice popularmente, le falta una pata”, explicó el académico, quien expone además que la vocación de los territorios debería definirse políticamente a nivel regional y local, con participación ciudadana, y no proyecto por proyecto.
