El papa Francisco ha aprobado una reforma del código penal de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano que contempla, entre otras, la introducción del delito de tortura y una amplia y mayor definición de los delitos contra menores, entre ellos la pornografía infantil y el abuso de menores.

Con esta reforma, aprobada a través de un “Motu Proprio” (documento papal), Francisco prosigue la puesta al día del ordanamiento jurídico en la línea ya comenzada en 2010 por el papa Benedicto XVI, informó este jueves el Vaticano.

El sistema penal vaticano está basado todavía, en algunos aspectos, en el italiano Código Zanardelli adoptado en 1929 tras los Pactos Lateranenses con Italia que dieron vida al Estado de la Ciudad del Vaticano.

Con este reforma, que afectará a todo el territorio del Vaticano y a los nuncios (embajadores) y al personal diplomático de la Santa Sede, Francisco pretende adecuar la legislación vaticana a la legislación internacional, también en la lucha contra la criminalidad internacional, el blanqueo de dinero y el terrorismo.

Entre las reformas, destaca la introducción del delito de tortura y una mayor precisión sobre los delitos de trata de personas, prostitución, violencia sexual, pornografía infantil, posesión de material de pornografía infantil y abusos contra menores.

Ya el 15 de julio de 2010, Benedicto XVI dio una vuelta de tuerca en su lucha contra la pederastia y aprobó una reforma que introducía la ampliación de 10 a 20 años del tiempo para denunciar los abusos y la inclusión del delito de posesión de pornografía infantil.

También equiparó los abusos contra discapacitados psíquicos adultos a los cometidos contra menores e introdujo un nuevo delito por el que se castigaba la adquisición, posesión y difusión “por parte de un miembro del clero, en cualquier modo y con cualquier medio”, de imágenes pornográficas que tengan como objeto a menores de 14 años.

Francisco también ha incluido en la normativa el delito contra la humanidad, el genocidio y el “apartheid”, así como normas más duras contra la corrupción.

El Papa Bergoglio ha abolido la condena a cadena perpetua y la ha sustituido por penas que van de los 30 a los 35 años.

El secretario de Estado de la Santa Sede (“ministro de Exteriores”), el arzobispo Dominique Mamberti, señaló que las leyes aprobadas representan una “intervención normativa de largo alcance” y desarrollan también las adoptadas por Benedicto XVI a partir de 2010 sobre la prevención y la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Mamberti precisó que a pesar de los cambios de muchas normas “no sería correcto” afirmar que las conductas en ellas sancionadas fueran hasta ahora penalmente lícitas,” ya que de hecho se castigaban”.