Pasadas las 13.30 horas de este viernes, el Séptimo Tribunal Oral de Santiago dio a conocer la sentencia en contra de Hans Niemeyer, declarado culpable de colocación de artefacto explosivo y daños.

Según el fallo de los jueces, el sociólogo deberá cumplir 5 años de presidio efectivo sin beneficios por colocación de artefacto explosivo.

La jueza Olga Ortega indicó que el imputado deberá cumplir otros 300 días en la cárcel por el delito de daños, pero se le eximió del pago de las costas del juicio.

El Ministerio Público solicitaba una pena de 10 años de cárcel, razón por la cual Héctor Barros, consideró que se trata de una pena “considerable”, e indicó que “la pena estimamos que es bastante considerable para los otros casos que se han aplicado penas menores, acá con cumplimiento efectivo. Los antecedentes son la gravedad de los hechos, colocar un artefacto explosivo con las consecuencias que éste tiene”.

Por otra parte, la defensa, que esperaba 541 días de pena remitida, además de una multa de entre 11 a 20 Unidades Tributarias Mensuales por los daños, consideró que se está frente de una sentencia motivada por un fundamento político, según expresó el defensor Rodrigo Román.

El abogado apuntó que “es un despropósito de la sentencia, carece de fundamento jurídico, sino político. Es un mensaje a la sociedad de que hay que castigar ciertas conductas con severidad, aun cuando signifique pasar por las normas establecidas de un Estado democrático y de derecho, como se dice ser”.

Cabe recordar que el pasado 3 de julio, Niemeyer fue declarado culpable de colocar un artefacto explosivo en una sucursal de un banco BCI, y pese a que se ha mencionado la intención de que el Ministerio Público insista en la recalificación de delito terrorista, hay que considerar los antecedentes en casos previos, donde todos los imputados han sido absueltos, y cumplen condena en libertad.

El sociólogo incluso ha estado en la clandestinidad, previo a su captura hace meses en Estación Central, en un proceso que según los defensores ha estado marcado por “la falta de profesionalismo de las policías y la falta de seriedad en la persecución penal” y por la intromisión política de personeros de Gobierno en el caso.