Dando la razón a las reclamaciones de las empresas privadas, el Consejo de Expertos de la ley Eléctrica, convocado por el mismo Gobierno, había rechazado incluir la interconexión dentro de sus propuestas y le había indicado al Ejecutivo, que si quería sacar adelante esta iniciativa, debía hacerlo a través del Parlamento. El gobierno acogió estas recomendaciones y este jueves la ingresó.

El proyecto es uno más en una agenda sobre temas energéticos que está tramitando el gobierno. Hasta ahora la ley establece que sólo los agentes privados pueden implementar las interconexiones de sistemas eléctricos independientes. Esto viene a cambiar esa realidad y, como anunció el Presidente Piñera en su discurso del 21 de mayo, con esto, el país ahorraría entre 300 y 600 millones de dólares.

Además, la iniciativa tiene algunas ventajas, ya que significa una mayor eficiencia energética y la posibilidad de implementar energías provenientes de otras fuentes, como de energías renovables.

Sobre esto se refirió el especialista en energía de la Universidad de Chile, el profesor Roberto Román: “Entrega la oportunidad de que exceso de capacidad de generación que ya existe en el Sistema Interconectado Norte Grande vaya supliendo las necesidades inmediatas de la parte norte del SIC y sobre todo da la oportunidad después de incorporar masivamente energías renovables no convencionales en particular Solar, Geotérmica, Eólica, para en el plazo de 5 a 6 años como máximo ir desarrollando una matriz eléctrica mucho más limpia”.

Román indicó que el proyecto además facilitaría la interconexión energética de Chile con otros países del cono sur. Pero no todos tienen una mirada tan positiva.

Si bien el proyecto por sí sólo tiene grandes ventajas, no se puede olvidar que en estos momentos hay otras leyes en tramitación, a las que han hecho una fuerte resistencia las organizaciones ambientales. Juan Pablo Orrego, presidente de la ONG Ecosistemas, afirmó que se trata de un traje hecho a la medida de las grandes empresas.

En este sentido, el ambientalista explicó que “una embestida del Gobierno totalmente empujada por el sector eléctrico de instalar estas nuevas leyes, en estos últimos meses, por estas negociaciones eléctricas. La Carretera Eléctrica Pública y la Interconexión SIC-SING. Cada una de esas cosas en otro contexto, podría ser incluso algo beneficioso para el país, pero en este instante lo que están haciendo es todo un tema de gran escala totalmente funcional a los oligopolios energéticos que han dominado el ambiente del sector energético chileno”.

El también Coordinador Internacional del Consejo de Defensa de la Patagonia indicó que se busca remover los últimos escollos para concretar proyectos como HidroAysén, pero de paso, generar una estructura que les permita seguir adelante con el crecimiento del sector energético. Para ello, advirtió, están incluso dispuestos a tocar la Ley General de Servicios Eléctricos de 1982.

En ese sentido, Orrego afirmó que se debe mirar el sistema en pro de la sustentabilidad y propuso basarse en construir macro-zonas donde se utilice las fuentes de energías, preferentemente, Renovables No Convencionales disponibles en las regiones. Con esto se crearía un sistema de generación distribuida, con proyectos de menor escala, acercando la generación de energía al consumo necesario.