Cualquier sociedad que desee realmente avanzar en su sentido de Humanidad tiene que rechazar la intolerancia, sobre todo si ésta involucra la violencia como argumento final. Así no se progresa. Sólo se justifica el ejercicio de una violencia mayor que aplica el poder para mantener sus posiciones conservadoras. Por eso, lo ocurrido en la catedral Metropolitana de Santiago es inaceptable. Es una profanación para quienes profesan la fe católica. Y la causa que llevó a esas personas a manifestarse de tal manera experimentó un retroceso.
Los hechos se produjeron el jueves 25, luego de una manifestación a favor del aborto en Chile. Un tema que aquí ni siquiera puede ser discutido. Que la Iglesia Católica se niega a tratar. Y que, a pesar de que existe la separación entre la Iglesia y el Estado, la legislación chilena acata tal postura. Hasta 1989, la legislación nacional consideraba el aborto terapéutico. Ese año fue reformado el artículo 119 del Código Sanitario, negando tal posibilidad y colocándose acorde con la Constitución aprobada bajo la dictadura del general Augusto Pinochet, en 1980. Dicha Carta Fundamental tuvo como inspirador a Jaime Guzmán, ideólogo de la ultraderecha y asesor directo del gobierno militar. Sin embargo, el texto original de su propuesta sufrió algunas alteraciones. La parte pertinente, sostenía: “la madre debe tener el hijo aunque salga anormal, aunque no lo haya deseado, aunque sea producto de una violación, aunque tenerlo derive en su muerte”. Se eliminaron las especificidades, pero hoy Chile es uno de los pocos países del mundo que no reconoce el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Tal determinación la entrega al Estado.
Esta postura se mantiene pese a que las consultas hechas a la ciudadanía, a través de encuestas, han señalado que el aborto terapéutico debería ser considerado en casos extremos: situaciones en que esté en peligro la vida de la madre, que el embarazo sea producto de una violación o que las malformaciones del feto hagan inviable su vida futura. En este sentido, y sin decirlo, la legislación nacional refleja fielmente el criterio expuesto abiertamente por Guzmán, quien murió asesinado en otra muestra de barbarie e intolerancia.
Los acontecimientos del jueves último han servido para reflotar una situación que no ha sido zanjada en la sociedad chilena. El rechazo a siquiera discutirlo se afinca en que “la vida humana no es nuestra”, como lo expresó el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González. Por lo tanto, asegura, no hay nada sobre lo que dialogar. El derecho de la mujer sobre su cuerpo no existe. O, al menos, en el caso del aborto no debe considerarse.
Este es el ambiente que rodeaba los sucesos del jueves. Hoy se preparan actos de desagravio para los fieles católicos y para el emblemático templo. Y en medio de todo este clima aún más crispado, el aborto vuelve a ser dejado de lado. El mismo obispo González sostiene que detrás de los actos de profanación hay una trama más compleja. Una trama que apunta directamente a desprestigiar a la Iglesia y a “quitarnos a Dios”, como recuerda dijo recientemente el Papa Francisco. La posición de este obispo sintetiza el sentir de buena parte de la jerarquía católica. Una curia que, desde el papado de Juan Pablo II, se nutrió de un poderoso grupo de purpurados provenientes de los Legionarios de Cristo y del Opus Dei. Como consecuencia de ello, valores que otras sociedades han incorporado en los Derechos Humanos, aquí permanecen sumidos en una nebulosa culpable. Otro caso es, por ejemplo, el de la unión homosexual.
Las nuevas miradas sobre cuestiones valóricas siempre han generado controversia. Y, tradicionalmente, la sociedad chilena las ha asumido cuando en el mundo la soledad de su postura parecía aberrante. Fue lo que ocurrió con el divorcio. Ahora no será diferente. Pero la historia deja algunas enseñanzas que sería bueno no olvidar. Aquellos que hoy se quejan, con razón, de la profanación de la catedral, han sido quienes constantemente se han negado a dialogar sobre hechos que incluso la ciencia les demostraba su equivocación. Y no es necesario retroceder hasta Galileo.
Sin embargo, la situación actual pone en tela de juicio la propia institucionalidad de la nación. ¿Por qué el Estado chileno tiene que resolver acerca de una decisión que corresponde a la libertad individual? ¿Por qué las personas que no profesan el credo católico o cristiano deben aceptar normas acerca de su cuerpo que no comparten? Son interrogantes lícitas que no debieran descartarse con el simple y débil expediente de que abordan ámbitos que están más allá de nuestra decisión. ¿Quién les ha dado el poder para sostener tal cosa?
Es el mismo argumento que se utilizó para terminar con las creencias de los aborígenes que habitaban América. Sobre los sagrados templos de incas, aztecas, mayas y otras culturas, fueron construidas las catedrales católicas que representaban el sentir de los conquistadores. La intolerancia no debe aceptarse, venga de donde venga.
