La Corte de Apelaciones resolvió en fallo unánime rechazar el sobreseimiento que solicitó la defensa de cuatro de los imputados del llamado Caso Maremotoque evalúa presuntas responsabilidades en la fallida alerta de maremoto del 27 de febrero de 2010.

El fallo confirma la resolución del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que anteriormente, el 16 de mayo, rechazó el sobreseimiento definitivo pedido por Carmen Fernández Gibbs, Patricio Rosende Lynch, Andrés Enríquez Olavarría y JoazielJamett Paz.

De esta manera, los ministros de la Tercera Sala del tribunal de alzada Miguel Vázquez, Enrique Durán (suplente) y la abogada integrante Andrea Muñoz, rechazaron las apelaciones al estimar que no corresponde dictar sobreseimiento definitivo en esta etapa del proceso.

Para Raúl Meza, querellante en el caso, esto sienta un precedente de que se puedan encontrar responsabilidades penales en otras autoridades políticas, en explícita alusión a la ex Presidenta y actual candidata presidencial, Michelle Bachelet.

“Nosotros teníamos el temor que eventualmente la Corte pudiera sobreseer a la única autoridad política sancionada o formalizada en este caos, que es el ex Subsecretario del Interior Patricio Rosende. La Corte, al confirmar la responsabilidad penal y rechazar su sobreseimiento definitivo abre a este querellante una tremenda puerta para buscar mayores responsabilidades penales respecto de las demás autoridades políticas presentes el 27 de febrero”, aseguró el jurista.

El querellante que representa a 19 familias de víctimas en otra arista del caso, Alfredo Morgado, agregó que existen responsabilidades compartidas en autoridades políticas y otros como la Onemi, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, entre otros.

Morgado aseguró que esto se debe investigar, ya que las que hoy en día se han apuntado no son todas las que podría abordar las pesquisas del Ministerio Público.

“Existen otras responsabilidades y esto ya es materia de investigación, nosotros nos hemos hecho parte ante la Fiscalía, específicamente la Fiscalía Naval. Se tiene que investigar la actuación de los funcionarios de la armada en mérito de los antecedentes que se remitieron por parte del Ministerio Público y en eso se está trabajando y esperemos que prontamente se resuelva en torno a otras responsabilidades que existen además de las que hoy en día se han establecido en mérito de lo que es la labor del Ministerio Público”, agregó Morgado.

Ante la decisión, la fiscal del caso, Solange Huerta, coincidió con los querellantes en calificarla como una “buena noticia”, agregando que “hay plazos procesales que se tienen que cumplir. Una vez que nosotros pidamos la audiencia para comunicar el cierre, se tiene que fijar esa audiencia”.

La persecutora agregó, sin embargo, que dados los plazos que requieren las presentaciones de acusaciones y las preparaciones de las audiencias, “la posibilidad de realizar un juicio este año”.