Los tribunales de garantía determinaron modificar la medida cautelar que pesa sobre el menor de iniciales J.B.P.M., quien es investigado como presunto autor del disparo que en el mes de febrero impactó la cabeza del dirigente sindical Juan Pablo Jiménez, causándole la muerte.

De esta manera, el joven de 16 años pasará de internación provisoria a un arresto domiciliario total, con la condición de que la investigación continúe y se registre su permanencia en el domicilio indicado.

La solicitud la hizo el defensor, para mover al niño del centro del Sename en el que se encuentra internado precautoriamente; asegurando que esto lo hacía necesario su estado de salud, que considera la amputación de una pierna producto de una herida de bala, trastornos adaptativos, poliadicción y sus efectos de abstinencia, riesgo psicosocial y obesidad entre otros padecimientos.

Con esto, las partes coincidieron en que desaparece el peligro de fuga del menor, por lo que según Patricio Pérez, fiscal jefe de delitos violentos de la zona sur, con esto no se modifica el curso de la investigación.

En este sentido, el fiscal Pérez explicó que “tomamos conocimiento de la precaria situación de salud del imputado y en esa circunstancia estimamos que ya no era necesaria la medida cautelar de internación provisoria y solicitamos su sustitución por el arresto domiciliario total, entendemos que esa es una medida objetiva que no cambia el curso de la investigación. Nuestra teoría del caso sigue siendo exactamente la misma, sin embargo, lo único que fue modificado fue la medida cautelar atendiendo a las condiciones de salud”.

Los querellantes de la Defensoría Popular que representan a la familia de Jiménez no presentaron objeción alguna a la medida presentada, ya que ellos insisten en que aquí se debe investigar una teoría alternativa a la tesis de la “bala loca” que habría disparado el menor JBPM.

La esposa del malogrado sindicalista, Ximena Acevedo explicó, pese a no manejar ninguna teoría final, por qué persiste la duda en cuanto a la dirección de la investigación que imprimió el Ministerio Público.

Por esto, la ex cónyuge del dirigente sindical asesinado afirmó que “yo conozco el sector donde estaba mi esposo y que una bala viaje un kilómetro es de película, para mí no es lógico, mi esposo estaba debajo de un techo, muchos vehículos enfrente, la gerencia de la empresa tiene tres pisos de alto, entonces dicen que la bala pasó por arriba de allí esquivando varios obstáculos y provocarle la muerte a mi esposo. Yo no creo en esa versión, yo no manejo ninguna teoría, nada más que no creo que esta sea la razón, ni el culpable de la muerte de mi esposo”.

De hecho, la abogada querellante de la DP, María Magdalena Rivera, aseguró que contradictoriamente el Ministerio Público ha dificultado la investigación de una tesis alternativa.

En esa línea, la abogada que representa a la familia de Juan Pablo Jiménez indicó que “el Ministerio Público se opuso tenazmente a que los querellantes pudiéramos acceder a las  evidencias. En definitiva el 12 Juzgado de Garantía resolvió que sí tenemos el derecho a la  exhibición y a la revisión de esas evidencias y todavía no tenemos acceso a ellas, si eso se llama  bloque, lo dice usted, no lo digo yo. Yo digo que nosotros estamos insistiendo y hoy acaba de  decirme el fiscal que no hay ningún problema, que rápidamente nos van a permitir el acceso a ello”.

Al centro de Justicia, llegaron miembros de la Coordinadora Verdad Y Castigo, a insistir en la idea de que Juan Pablo fue asesinado en medio del proceso de negociación colectiva de la empresa AZETA, en la cual se desempeñaban.

También llegaron dirigentes de los huelguistas de Correos de Chile, que se manifiestan a esta hora en la ribera del río Mapocho, quienes aseguraron que Jiménez es uno más de los luchadores por los derechos de los trabajadores que ha sido silenciado.