La Corte de Apelaciones de Arica acogió a trámite un nuevo recurso de protección presentado por la ciudadanía en rechazo al Informe de Evaluación Ambiental que fue aprobado por unanimidad la semana pasada por el gobierno regional y que dio luz verde al proyecto minero Los Pumas, de la firma Hemisferio Sur.

El recurso acusa que el informe ambiental omite diversos permisos descritos en la ley que habrían sido pasados por alto por la comisión, no contempla las medidas necesarias para proteger a la zona de la contaminación y vulnera los derechos fundamentales a la vida y al medioambiente, además de amenazar de extinción al Valle del Lluta.

Respecto de esto se refirió Hermman Mondaca, vocero de la Asamblea Ciudadana por la Vida y la Dignidad de Arica: “Nosotros estamos muy contentos porque hemos presentado en menos de una semana dos recursos de protección y ambos recursos han sido declarados admisibles de manera unánime por la Corte de Apelaciones. El recurso de protección califica la dotación que encabezó el intendente como un acto viciado, cuestiona e impugna el informe de evaluación ambiental elaborado por el Servicio de Evaluación Ambiental, y nosotros continuamos esta suerte de batalla frontal contra la minera Los Pumas”.

Pero esta minera de manganeso no es la única amenaza ambiental que tienen los ariqueños. Están las minas Copaquilla y Choquelimpie,  que, en el proceso de extracción del oro, superan el millón de residuos de metales pesados, los que ya habrían contaminado las aguas del sector, según confirmó el ingeniero civil químico Luis Humire.

El especialista añadió que ya se pueden constatar en los serios daños que ha producido a la salud. De hecho, el jueves pasado comenzó el proceso de demolición de viviendas sociales en el sector de Cerro Chuño, las que fueron contaminadas con metales pesados desde que en 1984 la empresa Promel se ofreciera a tratar 21 toneladas de residuos provenientes de Suecia, afirmando que no representaban riesgos para la salud para poder ingresarlos.

Sobre esta contaminación proveniente de residuos de Suecia, el ingeniero Humire precisó que “dejaron botados estos residuos y más encima recibieron plata porque dijeron que los iban a tratar. Hace diez años que la gente está viviendo allí y tienen bastantes problemas a consecuencia de estos metales pesados, especialmente en los niños. Los metales pesados empiezan a reemplazar los minerales en los huesos y por eso empiezan a tener problemas las articulaciones, hay serios problemas en los embarazos con pérdidas de las guaguas y nacen siempre con problemas. Esos problemas todavía están y todo ese sector está contaminado, fueron tantos años que el plomo está en el aire”.

Sobre el desarme de viviendas, la arquitecta del Serviu, Evelyn Aravena,  detalló que se demolerán 880 construcciones en un plazo de 18 meses, con un costo de 866 millones de pesos. Por su parte, los ariqueños recibirán nuevas casas y departamentos en lo que, el jefe de la Unidad de Regiones de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Ignacio Guerrero, catalogó como “la demolición más grande que se ha hecho en viviendas sociales en la historia del país”.

Sin embargo, la Asamblea Ciudadana cuestionó que se tenga que llegar al punto de mover poblaciones enteras cuando los daños ya están hechos y añadió que están cansados de que tengan que pagar los costos. Por eso hoy están movilizados, cuando, además, se piensa instalar, en el mismo sector de las demoliciones, Cerro Chuño, una nueva planta termoeléctrica, de la empresa Transemel, proyecto que fue aprobado en 2009.