La directora del Instituto de Salud Pública (ISP), María Teresa Valenzuela, se refirió a las denuncias realizadas por la ex directora Ingrid Heitmann, quien señaló que en 2008 fueron destruidas dos cajas con ampollas de toxinas botulínicas, consideradas armas químicas, las cuales habrían sido ingresadas al país durante la dictadura.

La autoridad aseguró que se ha hecho una revisión exhaustiva y aseguró que no hay rastros del químico en dependencias de la institución, agregando que “estamos abiertos de dar respuesta ante la denuncia”, ante la posibilidad de una investigación en el Ministerio Público.

María Teresa Valenzuela explicó que, dado que el instituto no cuenta con incineradores desde 1999, esto debe revisarse exhaustivamente.

En este sentido, la actual directora del ISP señaló que “existen sólo dos lugares por los cuales realmente pudiera haber destrucción, este Instituto no cuenta con incinerador desde el 1999, por lo tanto, lo que sí me puedo referir es que hoy todo esto está protocolizado, está elaborado y quien quiera que venga estamos a disposición de colaborar al Ministerio Público y a la justicia como para cualquier solicitud que haga o quiera revisar”.

Según la directora del ISP se efectuó una búsqueda en dependencias, edificios, bodegas, cámaras y refrigeradores, además de consultas a los archivos y documentación de procesos internos.

El toxicólogo Andrei Tchernitchin, explicó las características de esta toxina, asegurando que el uso que se le da es principalmente de paralización muscular, en cantidades muy disminuidas.

El experto dijo que “alguna mente enferma” podría haber utilizado la toxina intencionadamente en agua potable o alimentos, lo que podría tener un alcance de proporciones mayores.

Por esto, el científico y especialista en la materia explicó que “si se tienen ampollas con gramos de esta toxina podría incluso causar la muerte de todos los habitantes de una ciudad como Santiago, por lo tanto, ese uso es peligroso. Yo me imaginó que es correcto que cuando la descubrieron la hayan destruido, pero me parece muy raro que no hayan comunicado de esa existencia para certificarlo como un hecho peligroso que fue descubierto y que se destruyó”.

Frente a estas dudas, y la voluntad del Gobierno para colaborar en una investigación, el abogado de DD.HH. Nelson Caucoto aseguró que existen antecedentes que facilitan este trámite.

En esa línea, el abogado dedicado a los derechos humanos indicó que “tiene el respaldo de investigaciones judiciales los cuales han aparecido antecedentes que se vinculan con el ex Instituto Bacteriológico hoy Instituto de Salud Pública, es decir, partiendo por una investigación al interior de su mismo Instituto tratando de recuperar una historia de lo que allí existió. Existen los funcionarios, los ex funcionarios para poder avanzar hacia una investigación interna más allá de lo que pueda realizar la propia justicia con el componente del servicio de Investigaciones de Chile”.

Caucoto aseguró que es un hecho de la causa que se usó esta toxina en presos de la ex cárcel pública en conservas de alimentos, lo que a su juicio refleja  las dimensiones de “la maldad y eficacia militar” de los organismos torturadores de la dictadura.