Una reunión entre Manuel Contreras, general jefe de la DINA, y Michael Townley, en 1975, inició un capítulo de la dictadura dedicado a la creación de armas químicas para eliminar a los opositores al régimen militar. El asesinato de Orlando Letelier en Washington, de Carlos Prats en Buenos Aires, y el atentado a Bernardo Leighton, en Roma, son las primeras misiones encargadas a un equipo más tarde llamado Grupo Mulchén, bajo órdenes directas de Manuel Contreras.

Sumando a los químicos Enrique Berríos y Francisco Oyarzún, el grupo Mulchén inició un trabajo de creación y prueba de armas biológicas en un laboratorio en el sótano de la casa de Townley.

Este es un precedente que resurge luego de las declaraciones de la ex directora del Instituto de Salud Pública, Ingrid Heitmann, quien señaló hace pocas semanas que en 2008 encontró ampollas de toxinas botulínicas en dependencias del ISP, eliminadas sin dar aviso a las autoridades, lo que abre un flanco sobre la existencia y uso de armas biológicas bajo el régimen de Pinochet.

El abogado de derechos humanos Nelson Caucoto, descartó el argumento de contar con armas biológicas en caso de una guerra con Argentina, ya que existe certeza en la aplicación de estos gases en centros de detención y tortura: “Estos son métodos que se utilizaron en muchas más víctimas y no dejan rastro, entonces hay que explorar quienes más pudieron ser víctimas. Esa información no sorprende, había conocimiento que con este material biológico y armas químicas lo utilizaron contra los presos, contra el llamado enemigo interno”.

Caucoto destacó que hoy se abren nuevas aristas de investigación en casos relativos al centro de detención Peldehue, y recalca que este hallazgo devela las intenciones del régimen. En su declaración, Ingrid Heitmann señaló que con las toxinas permitían eliminar a la mitad de la población de Santiago.

Por su parte, el abogado Eduardo Contreras indicó que tal cantidad encontrada es un elemento desconocido hasta ahora, lo que suma responsabilidades civiles respecto del laboratorio químico que trabajó para los intereses de la DINA y la CNI.

“Son elementos que conocemos todos los chilenos, pero lo nuevo es la cantidad, el material y el hecho de tener un stock de este tamaño. Revelaciones como que el propio Pinochet tendría en La Moneda su stock, el hecho de usar valija diplomática para trasladar este material, demuestran la enorme magnitud del crimen de lesa humanidad del que también hay civiles responsables”, dijo.

El abogado lamenta la eliminación de las toxinas encontradas en el ISP, considerando que aún se investiga la muerte de Pablo Neruda y Eduardo Frei Montalva, con presunciones de eventuales homicidios.

Ante ello, Contreras señala que nuevamente las Fuerzas Armadas tienen la palabra, ya que “si existían químicos en manos de criminales como el químico Berrios, elementos que se usaron para eliminar a opositores. Es una contribución para esclarecer el asesinato del ex presidente Eduardo Frei, de los dirigentes comunistas en cuartel Simón Bolívar, y porqué no pensar en el homicidio de Pablo Neruda. El hallazgo es muy importante para los procesos judiciales, y abre una incógnita del porqué fueron destruidos, qué se está ocultando, y aquí las FFAA deben pronunciarse”.

En materia judicial, el juez Alejandro Madrid, quien lleva las causas del envenenamiento en la Cárcel Pública de Santiago y la muerte de Eduardo Frei Montalva, afirmó no tener conocimiento de las toxinas botulínicas, lo que a juicio del abogado Contreras, devela el pacto de silencio al interior de las Fuerzas Armadas, el cual aún esconde los eventuales trabajos de este grupo de químicos.

Guillermo Rodríguez, ex militante del MIR y sobreviviente del envenenamiento en la Cárcel de Santiago en 1981. Al conocer el hallazgo de las toxinas, indicó que evalúa querellarse contra Ingrid Heitmann, por destruir evidencias de la intoxicación que sufrió en ese recinto. Esto abre una nueva arista de indagatorias en la investigación del juez Madrid.