Mucho se dijo y debatió en estos días torno a los 40 años del golpe cívico-militar que asoló nuestro país el 11 de septiembre de 1973. Incluso algunos pidieron perdón por la responsabilidad “política” que pudieran tener frente a estos hechos y la violación a derechos humanos. Pero poco y nada se habló de la participación de civiles en estos crímenes de lesa humanidad, en calidad de autores, facilitadores y encubridores.
Ello da cuenta de que si bien hemos madurado en parte como sociedad, al admitir abiertamente la ocurrencia de estos graves hechos, estos son aún reconocimientos aislados y sin ninguna implicancia en el proceso de verdad y justicia, puesto que no han ido acompañados de entrega de información sustancial para avanzar en la identificación de sus perpetradores y, algo fundamental, conocer el paradero de las víctimas. Pronunciamientos que, por lo demás, es válido cuestionar -en un año electoral, donde todos buscan votos- en cuanto a sus reales motivaciones. Así como el silencio que guardaron dos de sus principales actores: las fuerzas armadas y los tribunales de justicia, en especial la Corte Suprema, que simplemente negó toda vinculación.
Y es que en un país donde la justicia comenzó por ser “en la medida de lo posible”, por tanto laxa y obsecuente; con comisiones como la de prisión política y tortura, que estableció secreto sobre la identidad de los perpetradores por impunes 50 años; y que no persigue la responsabilidad penal de civiles, pesa a estar identificados muchos de ellos, es difícil extender ese perdón tan manoseado hoy a que se asuman acciones “concretas”.
Por eso la querella criminal presentada ayer en contra del director y dueño de El Mercurio -Agustín Edwards Eastman- por parte del hijo de un detenido desaparecido, Juan Carlos Chávez Pilquil, así como el proceso que comienza a sustanciar el juez Carroza, son caminos para destrabar un proceso judicial transicional hasta ahora incompleto, al no buscar sanción para aquellos civiles involucrados. Sin sentar de este modo en la opinión pública y en las nuevas generaciones que Chile, más que un mero golpe armado a la institucionalidad, vivió la instauración de un régimen de exterminio y violación sistemática de derechos fundamentales que contó con la participación del conjunto de la sociedad.
En cuanto a la querella contra Edwards, interpuesta simbólicamente el propio 11 de septiembre a 40 años del golpe, los cargos son de “autor intelectual–mediato” del delito de homicidio calificado “en su condición de colaborador directo de la represión iniciada por agentes del Estado al servicio de la Junta Militar”. Ello, por la difusión de información falsa que intentaba ocultar el asesinato de 119 chilenos y chilenas, en el montaje mediático y militar conocido como “Operación Colombo”.
Una acción legal que busca “rendir homenaje al presidente Salvador Allende y a todas las víctimas de la represión de la dictadura”, según palabras del propio querellante, quien tenía solo 26 días de vida cuando secuestraron a su padre: Ismael Darío Chávez Lobos, joven actor de 22 años y estudiante de derecho de la Universidad de Chile. Así como también perseguir la responsabilidad intelectual de Edwards y todos los civiles que participaron. “Esto recién comienza, pues vamos a perseguir a todos los civiles involucrados en la gestión del golpe de estado y los crímenes de lesa humanidad, a todos los que han encubierto estos crímenes y han participado en estos montajes para eludir su responsabilidad”, enfatizó en tribunales.
En el caso de la causa que lleva adelante el ministro en visita, Mario Carroza, esta se inicia en la querella interpuesta por el abogado Eduardo Contreras, tendiente a establecer responsabilidades en la preparación del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, para lo cual se ha pedido se cite a declarar a autoridades de la dictadura, dirigentes políticos, directores de medios y otros actores civiles. Hace unos días atrás, el juez confirmó que había ordenado a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI citar y entrevistar a un conjunto de ellos, entre los que se encuentran el abogado y ex líder de Patria y Libertad, Pablo Rodríguez Grez y, nuevamente, Agustín Edwards.
Mientras esperamos que los tribunales resuelvan ambas querellas, la única sanción impuesta a un civil por su participación en estos deleznables crímenes cometidos durante la dictadura chilena, será la sentencia de la Corte Penal de París del 17 de diciembre de 2010, que además de establecer penas contra la plana mayor de la DINA por la tortura y desaparición de cuatro ciudadanos franco-chilenos, condenó a 15 años de prisión al empresario Emilio Sandoval Poo, por su responsabilidad en la detención y tortura contra Etienne Pesle en el año 1973, quien se encuentra radicado actualmente en la ciudad de Temuco.
Es de esperar que no deba transcurrir una década más, para que con ocasión de los 50 años de un nuevo 11 de septiembre, tengamos al fin una condena a nivel nacional para los civiles involucrados en el golpe de estado que, con propiedad, llamaremos cívico-militar.
