La Corte Suprema anunció que evaluará la “ampliación” de las instrucciones emitidas sobre el procedimiento que deben emplear los notarios y notarias cada vez que deban recibir y remitir al Servicio de Registro Civil e Identificación la declaración de no ser donante que indica la Ley 20.673.

Es decir, se podría revisar el costo de la inscripción en el registro de no donantes que según se había anunciado, costaría entre $ 5.900 en el caso de documento privado notariado, hasta $ 8.400, en el caso de una escritura pública.

Para la presidenta de la Corporación del Trasplante, Ana María Arriagada, la medida es valorable ya que considera que tales precios eran discriminatorios.

“Es un tema bastante discriminatorio y poco democrático que se ponga un precio que parece bastante alto, más allá de que ir a una notaría exige a las personas un acto de pensamiento, de reflexión, una decisión, un tiempo para ir a una notaría y sacar un número. Entonces parece que ese acto ya implica bastante voluntad y bastante seriedad para que más encima se le agregue un valor que parece bastante alto en relación a lo que es el sueldo mínimo en nuestro país, así que a nosotros nos parece bien que se revise”, afirmó.

Al entrar en vigencia la normativa este martes, la doctora aseguró a los familiares de eventuales donantes que no cabe la posibilidad de que se extraigan órganos sin previas conversaciones con las familias.

Agregó ante esto que, más allá de la normativa, hace falta un proceso cultural que involucre al personal médica y a los pacientes.

“Obviamente esto es una parte de lo que es la donación y trasplante y otra parte importante es la educación de la gente, es que tengan esta conversación en su familia, que las familias honren la voluntad, que los doctores sepamos explicar la muerte encefálica, que los equipos de salud cuiden a los potenciales donantes y den alerta temprana. Son muchas las aristas que influyen en que logremos tener tasas más óptimas en donación y, por lo tanto, en trasplante”, afirmó.

Por su parte, Matías Goyenechea, de la Fundación Creando Salud, reiteró las dudas y discrepancias que generan la prioridad que tendrían los donantes de órganos para recibir partes vitales.

“Lo que cambia es que ahora se complejiza el trámite para salir de esta lista y, por otro lado, se introduce un elemento que me parece complejo desde el punto de vista de la igualdad del derecho a la salud, que tiene que ver con que las personas que no sean parte de esta lista no van a ser priorizadas. Eso me parece que es importante que sea revisado o estudiado porque, de todas maneras, me parece que el principio de la igualdad debe primar sobre todo cuando está la vida en juego”, alertó.

Sobre esto mismo, Ana María Arriagada ha planteado en ocasiones anteriores que “ese criterio no ha sido planteado por nadie que trabaje en el tema de donación y trasplante en forma seria porque no se puede practicar. No es éticamente aceptable”.