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Año XII, 27 de noviembre de 2020

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Acusan otorgamiento “excesivo” de beneficios a violadores de los DD.HH.

El Gobierno dio a conocer este miércoles las razones de las cinco ocasiones en que se rechazaron indultos para Odlanier Mena, por razones humanitarias. En organizaciones de DDHH valoran la determinación, ya que se basó en recomendaciones de la Corte Interamericana de DDDHH, pero lamentan que la legislación nacional, en este sentido, sea “ambivalente”.

Héctor Areyuna

  Miércoles 2 de octubre 2013 20:01 hrs. 
odlanier mena


Desde que llegó al Palacio de La Moneda, el año 2010, el Presidente Sebastián Piñera ha rechazado en cinco ocasiones solicitudes de indulto para Odlanier Mena, ex director de la CNI y uno de los ex militares que cumplía reclusión en el Penal Cordillera.

En cada una de estas oportunidades las autoridades decidieron sobre la base de recomendaciones de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que llaman a no indultar a quienes están condenados por delitos de lesa humanidad.

Así fue en esta oportunidad, según explicó la ministra de Justicia, Patricia Pérez.

“En primer lugar considerar la naturaleza de los delitos, se trata de tres homicidios calificados por el tribunal además como crímenes de lesa humanidad, que de acuerdo a la jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a cuya jurisdicción estamos sujetos como país, resultan delitos respecto a los cuales no es posible emitir indulto. Y esas son las razones por las cuales se negó esta solicitud”, aseguró.

Mireya García, secretaria general de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos  (AFDD) dijo valorar las razones por las cuales se adoptó la decisión.

Sin embargo, lamentó que en Chile la legislación sea “ambivalente”, ya que en algunos momentos se reconocen convenios internacionales y en otras se ignoran, como es el caso de los beneficios carcelarios.

Según Mireya García y los registros de la AFDD, gran parte de los reclusos han solicitado beneficios e indultos, los que lamentablemente se tramitarían con “bastante sigilo”.

“Podemos estimar que al menos por el 50% de los condenados se han presentado solicitudes de indulto. Lo que pasa es que se han hecho en un marco de bastante sigilo, no siempre se han conocido y, bueno,  como ahora, que recién nos estamos enterando de que presentaron tantas solicitudes de indulto por Odlanier Mena”, reveló.

El abogado de DDHH Eduardo Contreras señaló no tener un registro de cuántos indultos se han solicitado, pero coincidió en que el otorgamiento de beneficios ha sido excesivo.

“Lo que sí conozco es el otorgamiento excesivo de beneficios absolutamente contradictorios con los convenios de Ginebra y con las recomendaciones de la Corte Interamericana de Justicia y hasta con el sentido común. En Chile se está tratando a los criminales de lesa humanidad como si fueran menos autores que un simple ladrón de gallinas”, criticó.

En otra arista del tema, desde la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), reiteraron este miércoles que las armas que mantenía Odlanier Mena estaban registradas como colección, por lo que no tenía derecho a portar municiones.

Las balas en posesión del ex militar, según el encargado de la DGMN, Roberto Ziegele, podrían haberse quedado en su poder dado los vacíos legislativos que la normativa en la materia tenía hasta su reforma del año 2005.

““Por la fecha, la época en que se produjeron estos procesos, coincidió también con la modificación al sistema procesal penal que, posiblemente, producto del cierre de algunos tribunales, el traspaso de causas a otros, obviamente es una situación muy especial que puede que producto de eso no se haya oficiado oportunamente a la Dirección General para que cancele la inscripción de las armas”, explicó.

Por otra parte, este miércoles se hizo efectivo el cierre del Penal Cordillera, al ser publicado en el Diario Oficial, derogándose el decreto que lo creó el año 2004.

El texto señala que el cierre obedece a que el régimen general de los detenidos y condenados debe ajustarse a la Constitución y a mejorar la distribución de la población penal.