Nuevamente se aplazó la preparación de juicio oral contra Celestino Córdova Tránsito, de 26 años, acusado del gran incendio del cuatro de enero del 2013 en la comuna de Vilcún, región de La Araucanía, que terminó con la vida del matrimonio de agricultores.

Esta no es la primera vez que el juicio se aplaza, principalmente debido a la solicitud del imputado de contar con una defensa  representativa. Ante esto Cristián Paredes, Fiscal Regional de la Novena Región, indicó en declaraciones a CNN que la petición de la defensa era “grosera” y que se opusieron a esta suspensión.

En este sentido, el fiscal de La Araucanía indicó que “se ha suspendido por cuarta vez ya que asumió un nuevo abogado la defensa y representación de los intereses del imputado y esté argumentó que no tuvo tiempo suficiente para preparar y analizar los antecedentes y así desarrollar la audiencia de hoy. Como Fiscalía nos opusimos ya que advertimos que se trata de una maniobra dilatoria. Resulta al menos impresentable que un hecho de esta gravedad, donde la Fiscalía investigó en tan sólo cuatro meses y presentó acusaciones a fines de mayo, ya estando en octubre todavía no se pueda verificar la audiencia preparatoria para pasar a juicio oral”

Por otro lado el abogado defensor, Pablo Ortega, afirmó que venían recién asumiendo la causa y que habían solicitado cuatro meses para  revisar los antecedentes, lo que fue negado.

En esa línea, el representante del machi Celestino Córdova señaló que “pedimos el plazo para acceder a los antecedentes de la investigación con los cuales no contamos, acceso a la evidencia y otros, no dieron 18 días, es un tiempo excesivamente corto no satisface los estándares de permitir una adecuada defensa, creemos que puede ser un atentado grave al debido proceso. Nadie puede preparar una adecuada defensa respecto de dos causas por legislación anti terrorista en que se piden penas altísimas, tal vez las más altas que contempla nuestro ordenamiento jurídico penal y en ese sentido creemos que esto es un flaco favor que se le hace tanto a la defensa, como a los querellantes”.

El abogado del Centro de Investigación y Defensa Sur indicó que si se realizara la audiencia en la fecha acordada, el 21 y 22 de este mes, estarían en una situación de vulneración de derechos. El problema –añadió- es que el sistema establece muy pocas atribuciones a las defensas para recurrir respecto de las resoluciones de los tribunales de garantía, quedamos en completa indefección.

Por su parte, Kali Tranamil, vocera del machi, en conversación con nuestra emisora indicó que hay otro tipo de presiones en este caso, además de una estrategia planificada por el Estado.

En esa perspectiva, la vocera del comunero mapuche imputado afirmó que “es evidente que hay presiones porque hay muchos intereses económicos y nosotros como Mapuches siempre hemos estado conscientes de que nuestra lucha trastoca los intereses económicos de los grupos poderosos de la región, por lo tanto, aquí se ha evidenciado esa situación. Sin embargo, nosotros estamos en disposición de seguir respaldando al Machi, conscientes de que es inocente, que esto corresponde a un juicio político y que es parte de la arremetida que ha iniciado el Estado”.

Recordemos que la fiscalía  busca presentar 69 testigos y 31 peritos para conseguir la condena de presidio perpetuo calificado, más 32 años de cárcel al machi, único imputado de estos hechos, cuando, los comuneros mapuche hablan de una verdadera persecución a los líderes tradicionales y autoridades ancestrales de su pueblo.